El Juzgado de lo Penal Nº2 de Almería ha condenado a dos años de prisión a J. D., el carpintero metálico que dejaba tirados a sus clientes tras cobrarles el anticipo, una historia que ya adelantaba D-CERCA. Además, tendrá que devolver la cantidad estafada, que asciende a un total de 9.024,13 euros.
De acuerdo a la sentencia, a la que ha tenido acceso D-CERCA, el magistrado ha considerado probado que J. D., con su empresa, Carpintería Metálica M&D, nunca tuvo ninguna intención de realizar los trabajos acordados tras recibir el primer pago y que solo llegó a esos acuerdos «con la finalidad de apoderarse de las cantidades recibidas en concepto de pago».
Como acredita el documento, el acusado dejó de atender las llamadas de sus clientes, ignoró todos los intentos de estos por ponerse en contacto con él, ni les dio ninguna explicación ni les devolvió el dinero, «desapareciendo».
A pesar de que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por la abogada María Jesús Gaitán Peña, pedían una condena de dos años y seis meses de cárcel, la Audiencia de Almería ha decidido fijarla en dos años, por lo que, al carecer de antecedentes penales previos, no tendrá que ingresar en prisión. La defensa confirma a este medio que presentará recurso contra la pena impuesta.
La declaración del acusado
Durante el juicio, J. D. alegó ante el juez que no pudo realizar los trabajos acordados porque «cando iba a comprar el material, Hacienda me quitó el dinero», y que nunca se puso en contacto con los clientes porque, aseguró, solo «dos o tres días» después de que se cumpliera, las fechas de los contratos, «empezaron publicaciones calificando de estafador al acusado», lo que lo «sobrepasó». «No sabía cómo salir del paso», declaró.
De acuerdo a su testimonio, se ofreció a devolver el dinero poco a poco, pero no esperaba que Hacienda «le fuera a embargar ni a quitarle esas cantidades», pero que hizo «las gestiones de lo que tenía que comprar». A un albañil, quien tenía que realizar los trabajos previos a su actuación, tampoco le informó de que no podía realizarlos, y que ya, después de un par de semanas, le llegaron otros encargos que se le acumularon.
En el escrito, el juez no duda en tachar esta declaración de «carecer de toda lógica y sentido», señalando que en ningún momento justifica la compra de materiales, ni la relación de esos otros trabajos con lo que excusó la tardanza en empezar lo comprometido. Además, recalca que «tampoco procede a devolver la más mínima cantidad a los perjudicados a pesar del tiempo transcurrido (…) desapareciendo una vez recibidas las cantidades abonadas por los perjudicados» hasta su detención, que se produjo el pasado mes de abril en El Ejido, por parte de la Policía Nacional.
Tampoco es creíble la afirmación de que las publicaciones acusándolo de «estafador» comenzaran a los «dos o tres días» de que se cumpliesen los contratos, ya que las noticias sobre estos hechos no saltaron hasta febrero de este año, siendo D-CERCA y Canal Sur los primeros en hacerse eco, mientras que con uno de los perjudicados tenía acordado acabar la obra antes de navidad de 2024, y a otro le aseguró el pasado 2 de enero que ya había pedido los materiales.
En cuanto a Hacienda, consta un documento de pago a la Agencia Tributaria, por valor de más de 2.500 euros, del 28 de diciembre de 2024, posterior al primero de los presupuestos. Además, como resalta la sentencia, la cifra es muy inferior a lo que recibió de los anticipos.
Con todo esto, el magistrado ha considerado que no cabe duda «sobre la intención inicial del acusado» y que, al contrario, «constituye indicio contundente de cargo».
Las víctimas
María Jesús Gaitán, abogada de la acusación particular, asegura para este medio que tanto ella como sus clientes se sienten «muy satisfechos y contentos» con esta condena, que permitirá a las víctimas recuperar el dinero pagado como anticipo al acusado.
Este fue el caso de Rafael, un octogenario ejidense que encargó la retirada y sustitución de un techo de uralita por más de 6.500 euros. «Nos pidió que le ingresáramos la mitad para empezar a trabajar», 3.280 euros, contaba, «lo hicimos, vino un albañil para retirar la uralita, pero él nunca apareció».
Algo similar le ocurrió a David y a su familia, en Adra. Quería cerrar su ático para ganar espacio en su piso, en el que vive junto a su pareja y tres hijas, entre ellas un bebé. «Lo contratamos porque parecía razonable, joven y nos sentimos identificados», asegura. En su caso, la cantidad a pagar era de 5.744,13 euros. «Cuando le hicimos el ingreso, la conversación fue perdiendo fluidez hasta que calló» y se esfumó. En aquel momento, en declaraciones para este medio, este padre de familia se sentía pesimista, «sé que no recuperaremos el dinero, pero no queremos que le pase a nadie más», aseguraba. Ahora podrán recobrarlo.
