Suspende el desalojo de los inquilinos del edificio Vistaverde de Aguadulce, propiedad de un fondo buitre. «Untriunfo de la presión social y política, sí, pero también una batallainconclusa. Porque la realidad es que el problema va mucho más allá de estecaso concreto», apuntan desde Izquierda Unida-Podemos en Roquetas de Mar, grupo que los ha acompañado al Congreso de los Diputados donde los afectados expusieron su causa este miércoles, 28 de mayo. «Respiran aliviados, aunquesin bajar la guardia», advierten.
BelénPérez, coordinadora local de IU en Roquetas de Mar, lo dice claro: «Nosalegramos de que la Sareb haya paralizado el desahucio, pero nos inquietaprofundamente el criterio que se utilizará para determinar qué familias sonvulnerables y cuáles, supuestamente, no lo son. En una provincia donde losalquileres suben sin control y los pisos turísticos desbordan el mercado, estetipo de filtros pueden dejar fuera a familias trabajadoras que están en unasituación desesperada pero que, a efectos burocráticos, no cumplen con ciertosrequisitos».
Y es queel problema no es nuevo. Desde IU Roquetas de Mar recuerdan que llevan tiempodenunciando que la Sareb, entidad creada para gestionar activos inmobiliariosproblemáticos, «ha estado operando de una forma opaca, permitiendo laacumulación de viviendas en manos de fondos de inversión mientras familiasalmerienses luchan por mantenerse bajo un techo. La historia se repite una yotra vez: desahucios silenciosos, contratos irregulares, incertidumbreconstante». «Lo que hoy viven estas 53 familias, podría pasar mañana en otrobarrio, en otra ciudad. Y lo peor es que pasará si no lo frenamos», adviertePérez.
Desde laorganización subrayan que su labor en defensa de las familias trabajadoras dela provincia no depende de la repercusión mediática de un caso concreto.»Izquierda Unida ha estado siempre presente, trabajando codo a codo con quienesmás lo necesitan, independientemente de los focos o titulares. Nuestrocompromiso es constante y va más allá de la atención puntual que pueda generarun problema concreto», recalca la coordinadora local.
Parareforzar esa lucha, el pasado 28 de mayo representantes de las familiasafectadas de Vistaverde viajaron al Congreso de los Diputados para reunirse conToni Valero, diputado por Sumar y coordinador de IU Andalucía. En el encuentroestuvieron presentes Zacarías Lekal, concejal portavoz de IU y Podemos en Roquetasde Mar, y Mª del Mar Palenzuela, secretaria de organización de IU en laprovincia de Almería. Allí se habló sin rodeos de la necesidad urgente defrenar los desahucios encubiertos y de encontrar fórmulas que garanticen elacceso a vivienda digna para las familias afectadas por la gestión de la Sareb.
Lekal lodejó claro tras el encuentro: «Tenemos que ir más allá de lo inmediato. Noqueremos solo evitar este desahucio, queremos poner fin a estas prácticasinjustas». Su intervención subrayó la urgencia de una regulación efectiva queimpida que los fondos de inversión y la especulación sigan expulsando afamilias de sus hogares bajo la mirada cómplice de administraciones que, hastaahora, han hecho poco por revertir la situación.
Además,desde IU Roquetas de Mar no dejan de mirar más allá de Vistaverde, hacia esasotras comunidades en Aguadulce y El Toyo que atraviesan circunstanciassimilares pero sin el foco mediático que este caso ha logrado atraer. «Nospreocupa enormemente que estas familias no tengan la visibilidad necesaria paraque sus problemas también sean atendidos», señala Pérez. Por eso, laorganización se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando en lamisma línea que acordó con los vecinos de Vistaverde, «impulsando solucionesreales».
«Celebramosque el desalojo haya sido paralizado, pero no podemos obviar que el problema nodebería haber llegado a este punto. La Sareb es un organismo que depende de losministerios competentes y, por tanto, de quienes tienen la capacidad de impedirque situaciones como esta se produzcan en cualquier punto de nuestra geografía.Que haya sido necesaria una movilización social y política para frenar undesahucio injusto es un síntoma de una gestión que debe corregirse de raíz.Desde Izquierda Unida seguiremos exigiendo responsabilidades y solucionesestructurales que garanticen que no haya más familias en estaincertidumbre.»
La presióncontinúa. «No vamos a relajarnos hasta que las 53 familias tengan asegurada unavivienda digna, y tampoco vamos a dejar de denunciar la falta de regulación delmercado de alquiler y la falta de viviendas sociales y alternativashabitacionales, que cada día deja a más familias en una situacióninsostenible», concluye Pérez. «Porque esto no va solo de un edificio en Aguadulce.Esto va de un modelo de gestión que, si no se combate, seguirá expulsando afamilias obreras de sus hogares».
