Más bancos tendrán que devolver su dinero a las víctimas de la supuesta estafa de la inmobiliaria Grupo 21, ubicada en Aguadulce antes de cerrar sus sedes. Tras la condena a Caja Rural, el despacho de abogados El Defensor de Tu Vivienda ha conseguido otras dos sentencias contra varias entidades bancarias por incumplir con su deber de vigilancia.
Así, a mediados de marzo, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Valencia condenaba a Caixabank a reembolsar 347.750 euros más intereses a 32 afectados por la promotora. Y hace apenas unos días era el turno de OLINDA SAS Sucursal en España, sentenciado por un juzgado de Barcelona a devolver 100.000 euros más los intereses legales a los afectados.
Como explica Pablo Sevillano, abogado de El Defensor de tu Vivienda, “los bancos no pueden mirar hacia otro lado cuando reciben dinero de compradores de vivienda sobre plano sin las garantías legales exigidas». Y es que la Ley de Ordenación de la Edificación, en su Disposición Adicional Primera, obliga a las entidades bancarias a exigir garantías cuando reciben dinero de compradores de vivienda sobre plano.
En el caso de Grupo 21, ofertaba viviendas de lujo de nueva obra en Roquetas de Mar y otros puntos de la provincia, Más tarde se supo que la inmobiliaria ni siquiera había comprado las fincas en las que se había planificado el proyecto, y, por supuesto, nunca llegaron a construir nada.
«Seguiremos trabajando para que todos los afectados recuperen íntegramente sus ahorros. Es una pena que muchos compradores de vivienda desconozcan que la Ley y la Jurisprudencia están a su favor”, afirma el letrado.
Un botín de 200.000 euros
El caso de Grupo 21 estalló a principios de 2024, a raíz de que numerosos clientes comenzaran a denunciar que sus viviendas de lujo soñadas a precio de saldo no llegaban y que la empresa, la oficialmente llamada Promotora CJDE FAM 2016 SL, había dejado de contestar a sus requerimientos y llamadas.
En marzo de ese año, agentes de la Guardia Civil, en el marco de la Operación Posidonia, detuvo a tres personas, incluyendo a los dos administradores de la inmobiliaria, Francisco Manuel Torres y Catalina Cruz. Según publicaba El País, Torres ya fue condenado en 2011 por estafar 11.000 euros a un primo suyo.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por la Comandancia de Almería, se habrían apropiado de una cantidad cercana a los 200.000 euros.
