Lo que podría haber sido una incidencia puntual se ha convertido, en la práctica, en un abandono del servicio postal a toda una población.
Durante estos días, la única respuesta visible de Correos ha sido la colocación de un simple cartel informativo en la puerta, sin ofrecer alternativas reales ni soluciones a los vecinos y vecinas. Decenas de personas están llamando porque tienen paquetes avisados y notificaciones avisadas en el interior de la oficina y sin opciones para recogerlos. Familias, autónomos y personas mayores se encuentran con una puerta cerrada y con la incertidumbre de no saber cuándo podrán acceder a sus envíos.
Esta situación se agrava por la falta de personal en la zona de reparto de El Ejido. Desde hace más de una semana se arrastra una acumulación de trabajo derivada de bajas y ausencias no cubiertas. Correos, en lugar de reforzar la plantilla, ha optado por improvisar con el mínimo personal disponible, obligando a los trabajadores que quedan a asumir una carga de trabajo inasumible y poniendo en riesgo la calidad del servicio público.
A este escenario se suma el cierre puntual de otras oficinas de la zona en concreto la de Las Norias de Daza, lo que deja a la ciudadanía prácticamente sin alternativas y evidencia una gestión caótica y descoordinada por parte de la dirección de Correos.
Resulta especialmente grave que todo esto ocurra en el mismo momento en que la Junta de Andalucía ha adjudicado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos un contrato de más de 32 millones de euros para la gestión de sus servicios de paquetería, valijas y distribución editorial. Mientras Correos se asegura millones de euros como “socio logístico estratégico” de la administración autonómica, en municipios como San Agustín es incapaz de mantener abierta una oficina auxiliar o de garantizar el reparto con personal suficiente.
Cabe recordar que la Oficina de Reparto de El Ejido es una de las 17 unidades seleccionadas en Andalucía para la implantación de la denominada “Operativa de la Última Milla”. Sin embargo, la realidad sobre el terreno demuestra que este modelo no está mejorando el servicio, sino generando más presión sobre los trabajadores, más cierres y peor atención a la ciudadanía.
Para el responsable del SIPCTE en Almería de Paco Sabio, “lo que está pasando en San Agustín es la prueba de que algo no funciona en Correos. No se puede presumir de modernización y contratos millonarios mientras se deja a pueblos enteros sin servicio postal.”
“La gente tiene todo el derecho del mundo a quejarse. Cuando una oficina está cerrada, todo tipo de envíos se quedan dentro y no hay personal suficiente para repartirlos, estamos ante un fracaso de gestión, no ante una simple incidencia.”
“Hacemos un llamamiento directo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: si la Junta confía a Correos contratos por valor de 32 millones de euros con dinero público, también debe exigir que ese dinero se traduzca en un servicio postal digno para la ciudadanía y en condiciones laborales justas para los trabajadores. No es aceptable que haya millones para contratos y pueblos con la oficina cerrada.”
“Los trabajadores de Correos están haciendo verdaderos milagros para sacar el trabajo adelante, pero no se puede sostener un servicio público esencial a base de sobrecarga y precariedad.”
Desde SIPCTE exigen:
- La reapertura inmediata de la oficina auxiliar de San Agustín con personal suficiente y estable.
- La cobertura real y efectiva de todas las bajas y ausencias en la zona de reparto de El Ejido.
- Una planificación seria por parte de Correos que garantice la continuidad del servicio postal.
- La revisión del modelo de “Última Milla”, que está demostrando ser más un problema que una solución.
- La intervención activa de la Junta de Andalucía para garantizar que Correos cumpla con su función social y de servicio público.
“San Agustín no puede seguir siendo víctima de la improvisación y los recortes encubiertos, pero no es solo San Agustín: es el conjunto del correo público el que está en riesgo si se sigue gestionando de esta manera.
Correos tiene que poner soluciones sobre la mesa, y los responsables políticos la obligación de dar la cara y actuar para defender a la ciudadanía y a los trabajadores de un servicio público esencial.”
