El general Jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, junto con el coronel de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal mantuvieron ayer, 8 de julio, una reunión con los guardias civiles destinados al Puesto Principal de Roquetas de Mar que, por la llegada de la comisaría de Policía Nacional, pasará por una reorganización.
A pesar del encuentro, los ánimos en el cuartel roquetero no se calman, y las asociaciones profesionales del cuerpo mantienen la concentración convocada para el próximo lunes, 13 de julio, a partir de las 11:00, frente a estas instalaciones.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncian públicamente «el desprecio que el Gobierno, en connivencia con la cúpula del Cuerpo, está mostrando hacia la Guardia Civil», arrastrando «a cientos de puestos de trabajo a una situación de absoluta incertidumbre».
Afirman que se trata de una «decisión política» que carece de argumentos técnicos. «Mientras se cierran cuarteles por un lado y la UCO soporta presuntas presiones e injerencias que ya investigan los tribunales por otro, es legítimo preguntarse si lo que se persigue no es, sencillamente, que la Guardia Civil desaparezca de hecho, trozo a trozo, sin necesidad de derogar ninguna ley».
Mientras, en Justicia Guardia Civil (JUCIL) se preguntan, «¿cuál es el motivo por el que Interior y la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) han dado la espalda a Roquetas de Mar?». Rafael Maldonado, subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de la asociación y su secretario provincial en Almería, rechaza con firmeza la decisión adoptada, declarando que «la Guardia Civil y la Policía Nacional son plenamente compatibles dentro de una misma demarcación».
JUCIL defiende un modelo de competencias compartidas entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, que permita aprovechar la experiencia, el conocimiento del territorio y la capacidad operativa de ambos cuerpos al servicio de los ciudadanos. En este sentido, recuerda que en Andalucía hay 25 términos municipales donde se da esta situación.
“Roquetas de Mar no necesita menos Guardia Civil; necesita más seguridad. Eliminar un cuerpo que lleva décadas protegiendo este municipio será un error histórico. La solución pasa por sumar recursos, no por sustituir a quienes conocen perfectamente la realidad de esta localidad”, afirma Maldonado.
Por su parte, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) señala directamente al alcalde, Gabriel Amat, y a toda la corporación municipal, por «haber apostado por la Policía». «Nos duele espacialmente por la labor que durante décadas han realizado nuestros compañeros en el municipio, y por las familias de los que están destinados en la actualidad», trasladan en un comunicado, «su decisión no solo perjudica a nuestros compañeros sino a sus familias, les toca hacer las maletas cambiar de domicilio, trabajo, colegios e institutos, pero lo dicho, seguro que serán bien recibidos en otros municipios».
Para APROGC, la decisión de cerrar el cuartel «no puede venir de nuevas» a Amat, «ya que desde APROGC nos hemos reunido en innumerables ocasiones con usted, y resto de grupos políticos del consistorio durante los últimos siete años».
Sin embargo, el primer edil, que siempre ha defendido una demarcación compartida entre ambos cuerpos en su municipio, ha apoyado públicamente la convocatoria del 13 de julio, y animado a participar en ella. «Lo que pedimos es voluntad para trabajar, dialogar y buscar una solución», reclama Amat al Gobierno central, «queremos que la Guardia Civil continúe en Roquetas de Mar y queremos contar también con la Policía Nacional».
Cabe señalar que, en el Pleno del pasado 8 de julio, fue aprobada por unanimidad una moción en defensa de la permanencia de la Guardia Civil en el municipio y para reclamar que ambos cuerpos de seguridad puedan prestar servicio en la ciudad.
El destino de los guardias civiles de Roquetas
En un comunicado remitido a los medios, la Comandancia de Almería explica que el cierre del cuartel de Roquetas de Mar afectará a 180 guardias civiles, y a sus familias, destinados en el Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce; en el Equipo Territorial de Policía Judicial y a los efectivos dedicados a la seguridad del Centro Penitenciario de El Acebuche y la Subdelegación del Gobierno en Almería.
El personal destinado actualmente en Roquetas de Mar se reubicará en otros puestos de la provincia de Almería. Se prevé que una parte significativa se despliegue en el nuevo acuartelamiento proyectado en Vícar, incluido el Equipo Territorial de Policía Judicial.
Los municipios de Enix y Felix, que actualmente forman parte de la demarcación territorial del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce, pasarían a depender del Puesto Principal de Vícar, al encontrarse más próximos geográficamente, compartir el mismo partido judicial de Almería y presentar una mayor coherencia territorial y operativa de dicha unidad.
De acuerdo al comunicado, el personal afectado por la reorganización sería cesado en sus destinos, «adquiriendo el derecho preferente por disolución o supresión de la unidad de destino para ocupar vacantes por antigüedad o concurso de méritos en unidades de la misma provincia». Dicho derecho gozaría del primer orden de prelación respecto de cualquier otro derecho preferente concurrente en la solicitud de un mismo destino.
Para la AUGC, la nota de prensa confirma que la seguridad de las familias de los agentes roqueteros «queda en el aire». «Ni un solo plazo sobre el «proyectado» acuartelamiento de Vícar, ni una cifra sobre cuántos efectivos absorberá esa unidad, ni una palabra sobre cuántos guardias civiles quedarán fuera y serán dispersados por la provincia», apuntan, «se habla de ‘estudios’, de ‘transición ordenada’ y de ‘soluciones que minimicen el impacto’, pero no se ofrece un solo compromiso verificable».
