La Guardia Civil de Almería ha emitido un comunicado en el que se hacen públicos más detalles del operativo del pasado 9 de junio que ha provocado que más de 200 familias del barrio del Pozo de la Tía Manolica de Matagorda (El Ejido) hayan perdido su conexión a la red eléctrica.
La Operación KILLGREEN tuvo lugar a primera hora del pasado martes, con el objetivo de combatir contra la defraudación de fluido eléctrico, el cultivo intensivo de marihuana y el tráfico de drogas, «dado el incremento exponencial en la comarca del Poniente», reconocen desde el Instituto Armado. A lo largo de una quincena de registros en domicilios, todos con enganches ilegales, los agentes hallaron de dos kilos de heroína pura en roca, kilo y medio de cocaína, 4.500 plantas de cannabis, un kilo de cogollos de marihuana, armas simuladas, munición de escopeta, gran cantidad de dinero y piezas de oro y un coche robado en la provincia de Sevilla.
Como adelantó D-CERCA, 25 personas fueron detenidas durante la actuación, catorce fueron interrogadas en el lugar y puestas en libertad, y once pasaron a disposición del Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido, que ha acorado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de ellos. Todos se negaron a declarar ante el juez y permanecen como investigados bajo cargos de contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.
La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de El Ejido (Almería) que ha contado con el apoyo dela Policía Local de El Ejido y distintas Unidades y especialidades de la Guardia Civil de Almería como USECIC, Servicio Cinológico, PRC de El Ejido, Áreas de Investigación de los Puestos Principales de Roquetas de Mar, Adra y Vícar y patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de El Ejido, Berja y Dalías.
Más de cien enganches, y dos barrios sin luz
Junto a las fuerzas de la Guardia Civil, la Operación KILLGREEN contó con el apoyo de técnicos especializados de Endesa, cortando más de un centenar de enganches ilegales de conexión de la red retirando más de 1.000 metros de cable eléctrico.
Desde la Guardia Civil hacen hincapié en el peligro y riesgo inminente de las conexiones fraudulentas a la red de fluido eléctrico, que pueden provocar riegos de incendio y cortes de luz en la zona a causa de las sobretensiones a la que se somete la red de fluido, además de los ocasionados directamente por la manipulación de la misma por personal no autorizado y cualificado.
Sin embargo, esta actuación también ha supuesto que las familias del Pozo de la Tía Manolica y el contiguo Barrio Cortés lleven a oscuras cuatro días. En declaraciones a este medio, Rosa Milagros, presidenta de la Asociación Raíz Gitana, aseguraba que hay entre 400 y 500 personas afectadas por el corte, incluyendo «niños, discapacitados, personas mayores, gente que está en cama… Y necesitan la electricidad para poder vivir».
«No está bien que paguemos justos por pecadores», señala un grupo de mujeres del barrio a este medio, «que nos pongan contadores en cada casa, y el que no pague la luz, que se la corten, pero no a todo el mundo». «Nosotros no nos negamos a pagarla, pero que nos pongan los contadores», reivindican.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, avanzaba este viernes, en la presentación del Plan Verano Seguro 360º, que la próxima semana se abordará el asunto y que se estudiará «si, por antigüedad, algunas de las viviendas que datan del 1986 tienen una situación de legalidad». El regidor hizo hincapié en que «es obvio que el que quiera contratar legalmente el suministro eléctrico debe tener un certificado, un boletín de un instalador, de un profesional autorizado y acreditado, que diga que la instalación puede recibir este suministro eléctrico sin que haya peligro de incendio, un peligro evidente para las personas que ahí habiten».
En cuanto a las viviendas que no tiene la posibilidad de restituir la legalidad de su domicilio, «en este caso se podría, en determinados supuestos, contratar, pero también necesitaría que esas viviendas estuvieran terminadas y tuvieran el boletín igualmente de un instalador. Y luego hay una serie de viviendas, que no son pocas, sobre las cuales estamos actuando a nivel de disciplina urbanística. En los próximos meses vamos incluso a demoler algunas de ellas. Lo que pasa con la disciplina urbanística es que hay que cumplir y atender la legalidad y lo que nos manda el ordenamiento jurídico», remarcó el primer edil. Además, Francisco Góngora recordó que hay «igualdad de derechos y de obligaciones para todo el mundo».
