La asociación de guardias civiles JUCIL reclama el regreso del Grupo OCON Sur para responder a los avances del crimen organizado en la provincia de Almería.
Rafael Maldonado, delegado provincial de JUCIL en Almería, considera «absolutamente imprescindible la inmediata reactivación» del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, disuelto en 2022, o la fundación de uno similar «o un dispositivo similar «que devuelva la capacidad de respuesta a la Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado, garantizando al mismo tiempo la seguridad de nuestros agentes ante una amenaza que ya es una realidad diaria en nuestras costas”.
“El narcotráfico se ha intensificado de forma alarmante, con las narcolanchas trasladando sus operaciones desde el Estrecho a nuestra costa, elevando la criminalidad y el riesgo», asegura Maldonado. Los principales desafíos de los agentes del instituto armado en esta provincia son su extenso y diverso territorio y unas plantillas «insuficientes y cada vez más envejecidas», desbordadas por la sobrecarga de trabajo y la falta de medios, que se enfrentan a una delincuencia cada vez más agresiva contra ellos. En lo que va de año, en Almería se han registrado 46 atentados y agresiones contra agentes de la autoridad, más de uno por semana.
Durante este pasado verano, solo en el municipio de Roquetas de Mar, se han hecho públicos dos ataques contra los efectivos del cuerpo. El más grave, de julio, acabó con una doble fractura del quinto metarcapiano con desplazamiento de huesos y omalgia postraumática durante el traslado de un detenido a dependencias policiales.
«A esta situación se suma el grave problema de infraestructuras, como las instalaciones para la custodia de detenidos en localidades como Roquetas, obsoletas y en ningún caso suficientes”.
Además, insiste en que “esta provincia se encuentra en una situación de emergencia operativa sin precedentes, marcada por la presión migratoria y el auge del narcotráfico. Almería recibe el 93% de la inmigración ilegal de toda la península, lo que obliga a detraer constantemente a las patrullas de Seguridad Ciudadana para labores de traslado y custodia, degradando el servicio al ciudadano”.
“El principio de autoridad está en franco retroceso», asegura el secretario provincial, «necesitamos un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas (…) necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional”.
Desde JUCIL piden a la dirección general de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior «que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, cuyo fin es reforzar y empoderar a los guardias civiles de Almería para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos como se merecen”.
Equiparación salarial
Las exigencia de esta asociación de guardias civiles incluyen la equiparación salarial con las policías autonómicas, implantación del turno 6×6, acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, reconocimiento como profesión de riesgo.
Maldonado recuerda que “la equiparación salarial con las policías autonómicas es una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita”. Y añade: “Un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso, y 12.000 euros menos que un ertzaina, cuando desempeñamos las mismas funciones. Como tampoco es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo”.
También reclaman un mayor respaldo institucional por parte de las autoridades públicas. “El principio de autoridad -afirma Maldonado -está en franco retroceso. Necesitamos un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas. Algo va mal cuando una asociación profesional, como JUCIL, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional”.
