El Ayuntamiento de Adra ha solicitado al Gobierno de España que impulse la aprobación de una norma con rango de ley que regule las condiciones de identificación personal en edificios y dependencias públicas, permitiendo a las administraciones garantizar la seguridad de los empleados públicos y usuarios, prevenir situaciones de riesgo o suplantación de identidad y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, todo ello con pleno respeto a los derechos fundamentales y conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. La propuesta, acordada y con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular y VOX, ha salido adelante, con la abstención del PSOE y Plataforma por Adra.
Según el texto aprobado por el Pleno de la Corporación, la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público. Es por ello que la utilización de prendas que cubren total o parcialmente el rostro, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas.
Igualmente, la iniciativa aprobada incluye solicitar también al Gobierno de España la inclusión, en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, de las modificaciones oportunas para facultar a los municipios a elaborar ordenanzas o protocolos que regulen el uso de elementos que impidan reconocer la identidad en espacios de titularidad pública, con posibilidad de añadir un régimen sancionador.
Tal y como ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, “las administraciones locales, actualmente, no tienen competencias para establecer medidas en este sentido”, por lo que “es necesario que, en aras de la seguridad colectiva, se promueva una ley que establezca criterios comunes en materia de identificación en edificios públicos para todas las administraciones”. Una normativa que, según ha indicado “debe asegurar el correcto funcionamiento de los servicios, al tiempo que respeta los derechos fundamentales y conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación”.
