Agentes de la Policía Nacional de Granada junto con la Inspección de Trabajo de Almería han detenido a dos empresarios granadinos, afincados en Adra, que habrían regularizado la situación administrativa de una multitud de ciudadanos marroquíes en España gracias a supuestas ofertas de empleo en el sector agrícola. Están acusados de delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento a la inmigración ilegal y delito contra la Seguridad Social. Junto a ellos, también han sido detenidos 20 ciudadanos extranjeros presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social. También hay un investigado por los hechos.
Contratos falsos previo pago
Estas actuaciones se enmarcan dentro de la Operación Albuñol II. En la primera parte del operativo, del año pasado, ya se había investigado a otras empresas propiedad de uno de los dos empresarios implicados. En esa ocasión, se detuvo a un total de 15 personas.
Los agentes, en colaboración con Inspección de trabajo de Almería, pudieron determinar la existencia de un entramado de empresas ficticias cuyo modo de actuación consistiría en simular contratos de trabajo, previo pago por parte de los beneficiarios de importantes cantidades monetarias a los empresarios. De esa manera, estas personas podrían obtener un contrato de trabajo, residencia y, posteriormente, cobrar prestaciones por parte de la Seguridad Social.
La investigación determinó que los contratos de arrendamiento donde la empresa aparentemente desarrollaba su actividad, los periodos laborales y, todo lo que rodeaba a la empresa, era falso o simulado, siendo el fin de los empresarios detenidos obtener beneficio económico aprovechando la situación de necesidad de extranjeros irregulares dela provincia de Almería. Las cantidades que estas personas debían abonar para que les facilitasen un contrato de trabajo oscilaban entre los 2.000 y 6.000euros. Además, los empresarios hacían también uso de captadores de nacionalidad marroquí, los cuales hacían de intermediarios y contactaban con las personas que pudieran estar interesadas en conseguir dichos contratos. Posteriormente, estos ciudadanos se beneficiaban de forma indebida de prestaciones por desempleo por supuestos periodos cotizados de esos falsos contratos ya que no llegaban a ejercer actividad laboral alguna.
Los propios trabajadores tenían incoherencias y diferían en las información aportadas entre unos y otros; les constan, además, estancias fuera del país en periodos laborales, confirmando, entre otros indicios, el entramado de simulación y falsedad que rodeaba a la empresa investigada.
Además de llevar a cabo las 22 detenciones, los agentes han recuperado más de 101.000 euros entre el dinero de prestaciones indebidas y la deuda ocasionada por los empresarios a la Seguridad Social, que asciende a cerca de 80.000 euros.
