La Mesa de trabajo por la Estabilización de la playa de Balerma, entidad creada por el Club Náutico de este núcleo de El Ejido en la primavera del año 2021, lleva varios meses trabajando en tomar medidas para exigir a las autoridades competentes sobre la solución de la regresión de la Costa balermera, el cumplimiento de los contratos y obligaciones que por Ley tienen responsabilidad de ejecutar.
Para ello, este colectivo social ha levantado un acta notarial, en fecha 16 de febrero de 2026, «como prueba fehaciente del estado de deterioro y erosión en que se encuentra el litoral de Balerma» para que sirva de justificación válida rubricada por un fedatario público, con la que advierten que si en el plazo de tres meses no hay actuación alguna para dar solución a la situación de riesgo y daños que hay en la zona, procederán a tomar las acciones judiciales que el derecho les asista.
Este plazo, aseguran a través de un comunicdo, lo han tomado como referencia a la Ley 29/1998 del orden contencioso administrativo, para las situaciones de inactividad administrativa. A partir de ahí, anuncian que abrirán una senda judicial tanto a nivel administrativo como penal, «para exigir la igualdad de trato en la protección y uso del litoral por parte del Estado, de la misma forma que otras localidades tienen defendidas sus playas y pueden disfrutar del medio marítimo en unas condiciones ambientales y de seguridad mínimas».
Seis años de espera
En este sentido, José Antonio Peña, portavoz de la Mesa de trabajo por la Estabilización de la playa de Balerma, ha añadido que “nos entristece tener que tomar estas medidas después de seis años de espera, pero el fracaso y pasotismo del Estado y sus representantes con la playa de Balerma no deja otra alternativa”. No en vano, ha recordado también que, desde el 10 de febrero de este año, están esperando respuesta a su petición de reunión con el subdelegado del Gobierno, el ejidense José María Martín.
En el mismo escrito, la entidad insiste en que este requerimiento previo a la vía judicial es consecuencia de «la cantidad de retrasos que arroja ya el ansiado proyecto para la recuperación del litoral de la costa de la localidad de Balerma, ya que desde que se licitara el contrato para la redacción de un proyecto con el que estabilizar y proteger el tramo comprendido entre la rambla de Balanegra y la Peña del Moro, en julio de 2022, hasta la fecha nada se ha llevado a cabo».
Pese a la cantidad de anuncios que han realizado el subdelegado del Gobierno asegurando que se encontraba casi terminado dicho proyecto desde el año 2023, la realidad en la playa de Balerma es distinta, especialmente tras el tren de borrascas que ha azotado la localidad en los últimos meses.
Dejación de funciones
En este contexto, José Antonio Peña remarca que “el deterioro y erosión es insostenible, afecta a la totalidad del litoral desde las cuevecillas a la desembocadura de la rambla del loco”, por ello esta medida llega «como una acción de hartazgo ante la cantidad de incumplimientos y la inactividad que Costas, el subdelegado del Gobierno y los responsables del MITECO llevan a sus espaldas con la ruina litoral que se vive en las playas balermeras» como consecuencia.
Así enumeraba que el requerimiento realizado va dirigido tanto a la cúpula de Costas y del propio Ministerio, en calidad de responsables de la protección, defensa y ejecución de obras en el Dominio marítimo; como al delegado y subdelegado del Gobierno de España en Andalucía y en Almería, respectivamente, estos últimos como competentes en inspeccionar los servicios públicos responsabilidad y competencia del Estado y encargados de reportar y transmitir las situaciones que requieren una urgente intervención de los departamentos ministeriales del Gobierno y de la Administración General del Estado.
La Mesa de Trabajo por la playa de Balerma enumera en el documento la situación de partida y los antecedentes que recaen sobre el estado de regresión de la playa de la localidad, enlazando con abundante legislación y supuestos entre los que entienden que se podría estar dando «una clara inactividad administrativa y una dejación de funciones en la falta de ejecución, custodia, protección, defensa y tutela de competencias que tienen atribuidos los cargos a los que le han notificado la advertencia». Añaden a ello, además, la posible concurrencia de responsabilidad penal por el daño que está sufriendo el medio ambiente, el patrimonio público y privado, y el riesgo que puede haber sobre las personas ante la grave situación que se da en la zona de dominio público marítimo y las zonas próximas.
