«¿Quién defiende a los que nos defienden?» Esa es la preguntan que lanzan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ante el aumento de agresiones a agentes en acto de servicio en Almería, que han sufrido un repunte durante esta temporada de verano. Aseguran que «sale barato agredir a los guardias civiles», lo que, de acuerdo a su comunicado remitido a prensa, pone de manifiesto «la necesidad de realizar modificaciones en elCódigo Penal que permitan endurecer las penas por agredir a los agentes de laautoridad», exigiendo por ello que empiecen a ser considerados como profesión de riesgo «de una vez por todas». Los útlimos casos han tenido lugar en los municipios de Roquetas de Mar y Níjar.
Para AUGC estas situaciones se deben, por un lado, a la falta de medios activos para responder a casos de agresividad extrema, como disponer de pistolas tasers, conlas que proteger tanto a la ciudadanía como a sí mismos, pero también de medios pasivos como una cámara corporal que acredite los hechos. «Esta falta de medidas de seguridad y deprotección tiene consecuencias paraquienes han de velar por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas», afirman.
Junto a esto, la asociación también demanda elendurecimiento de las penas para estos comportamientos, que apenas suponen condenas de pocos meses de prisión, además de las indemnizaciones, que en la mayoría de los casos, al ser los enjuiciados insolventes, acaban pagándose a través del Estado, lo que lleva a los agentes agredidos a enfrentarse a un nuevoprocedimiento administrativo para recibir la cuantía.
«Desdehace 39 años se aplica la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridaddel Estado, lo que hace replantearse que vamos tarde en una nueva norma queregule de nuevo todo lo relativo a la seguridad pública en nuestro país ya quehay nuevos retos y amenazas que antes no existían como la perdida del principiode autoridad», señalan, «Por lo que, en AUGC nos preguntamos, ¿quién defiende a los que nos defienden?».
Agresiones en Roquetas
En el Poniente almeriense este repunte estival de las agresiones a agentes de la Guardia Civil se ha dejado sentir con más notoriedad en el municipio de Roquetas de Mar. El último caso tuvo lugar esta misma semana, en el barrio de Las Colinas de Aguadulce. Allí, a primeras horas de la madrugada del pasado 4 de agosto, los agentes tuvieron que acudir por un altercado con una problemática vecina conocida en la zona. Según relata la Asociación de Vecinos Las Colinas en sus redes sociales, un hombre implicado en estos hechos acabó dando un puñetazo a uno de los guardias civiles tras negarse en repetidas ocasiones a identificarse, partiéndole un labio.
A principios del pasado julio, otro efectivo acabó con una doble fractura del quinto metarcapiano con desplazamiento de huesos y omalgia postraumática durante el traslado de un detenido a dependencias policiales. De acuerdo a la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), la causa del conflicto fueron las altas temperaturas en el interior del vehículo (que podrían haber superado los 38 °C), provocando que el detenido sufriera una crisis que obligó a los agentes a abrir la puerta para ventilar el habitáculo. Fue entonces cuando el individuo aprovechó para agredir a los guardias civiles encargados del traslado.
Sin embargo, como apunta para D-CERCA Víctor Vega, secretario provincial en Almería de AUGC, estas agresiones también se dan en otros municipios ponientinos, como El Ejido o Adra, y que las denuncias presentadas en Roquetas de Mar serían solo «la punta del iceberg».
Las asociaciones de guardias civiles ponen a disposición de los afiliados sus servicios jurídicos. En el caso de AUGC, han sido representados por la letrada Marta Ortiz López para ejercer la acusación particular contra los acusados. Esta asociación cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
