El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Almería afirma que «la comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar sigue adelante», tachando de «tendenciosas» las afirmaciones de que la sentencia de la Audiencia Nacional, que declara nula su apertura, haya paralizado el proyecto.
«Anula su previsión de creación por falta de justificación específica en el expediente», concretan, pero «no cuestiona la habilitación para crearla cuando existan necesidades organizativas debidamente justificadas», una deficiencia del Ministerio de Interior que «debe corregir con urgencia».
Como explica el propio sindicato, Interior incorporó la comisaría a la Orden INT/859/2023 sin estudios o informes previos, lo que llevó a que la Audiencia Nacional estimara, en parte, el recurso de la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil. «Las referencias genéricas a la eficiencia y la seguridad fueron insuficientes», señalan, «tampoco bastó con alegar el crecimiento demográfico durante el juicio: debía estar documentado al elaborar la norma».
Sin embargo, la sentencia, a la que ha accedido SUP, no refleja que falten razones para crear la comisaría, sino que no han sido debidamente acreditada. El sindicato considera inaceptable «que esa falta de rigor comprometa un proyecto de esta importancia y genere incertidumbre entre los funcionarios y las familias de ambos cuerpos».
Ahora, SUP insta al Ministerio a resolver el problema «cuanto antes», algo que ya se está haciendo, corrigiendo los errores y continuando con el proceso con garantías. «La anulación tiene consecuencias jurídicas reales», explican, «Interior puede tramitar una nueva disposición, debidamente motivada, sin que acudir al Tribunal Supremo sea un requisito imprescindible para aprobarla de nuevo».
La sentencia de la Audiencia Nacional
En su comunicado remitido a los medios, SUP también expone el resto de puntos del recurso presentado por la UO, que no fueron aceptados por la Audiencia Nacional, entre ellos, anular toda la orden de estructura de la Policía Nacional; exigir el informe del Consejo de la Guardia Civil; eliminar las funciones impugnadas de la UCRIF y la Brigada de Investigación de Redes sobre investigación de redes de inmigración ilegal; y terminar con la cooperación policial y aduanera de las comisarías conjuntas, entre otras peticiones.
El sindicato denuncia que la asociación de guardias civiles «no quiso facilitar la sentencia a otras organizaciones ni a los medios de comunicación que la solicitaron», una negativa que, a su juicio, «apunta a un intento de evitar que se conocieran sus pretensiones y las razones por las que fueron rechazadas», declarando que «quien
difunde un fallo debe permitir conocer también aquello en lo que le quita la razón», calificando al comunicado de UO de corporativismo. » La defensa de intereses profesionales no equivale necesariamente al interés general», apuntan.
El fallo de la Audiencia Nacional tampoco estimó otras pretensiones de la UO, como anular parte de las funciones de la Unidad Central de Fronteras; ni suspender la regulación impugnada sobre seguridad interior de aeropuertos de los puestos fronterizos de Policía Nacional.
«Esta crítica no cuestiona la profesionalidad de la Guardia Civil», puntualiza SUP, «con la que debe garantizarse una transición coordinada».
