Las asociaciones de guardias civiles protestarán contra el cierre del cuartel de Roquetas de Mar

Cuartel de Roquetas de Mar. /DC

Cuartel de Roquetas de Mar. /DC

El Puesto Principal de Roquetas de Mar es una de las unidades con mayor carga de trabajo de España, con más de 12.000 diligencias y más de 1.000 detenidos al año, a pesar de la falta de medios y efectivos

Tras la firma del convenio que marca la llegada de la Policía Nacional a Roquetas de Mar, la alegría del alcalde, Gabriel Amat, y el director general de cuerpo, Francisco Pardo Piquetas, contrasta con los sentimientos de los que, parecen, principales damnificados por este acuerdo: los guardias civiles destinados en el municipio.

Aunque Amat también insistió en la “necesidad” de que la Guardia Civil permanezca en la ciudad, sus palabras no han servido para tranquilizar a los agentes allí destinados ni a sus cerca de 200 familias.

Todas las asociaciones profesionales del Instituto Armado han convocado una concentración frente al cuartel, ubicado en la calle Duque de Ahumada, el próximo 13 de julio, a partir de las 11:00, para exigir al Ministerio del Interior «que descarte cualquier decisión que suponga el desmantelamiento del Puesto Principal de la Guardia Civil y explique, de forma clara y transparente, cuál será el futuro del modelo policial en el municipio y en la provincia», según trasladan en un comunicado conjunto.

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Cartel con información de la manifestación. /DC

“Los compañeros destinados allí se sienten abandonados”, declara para D-CERCA Víctor Vega, portavoz provincial de AUGC, “llevan décadas y décadas viendo como sus instalaciones se caen a pedazos”.

Por su parte, desde Jucil Almería acusan a la Dirección General de la Guardia Civil de dejarlos “vendidos”. “Lo mínimo que merecen los agentes es transparencia. No se puede gestionar el futuro de una unidad tan importante de esta manera, mientras se mantiene en la incertidumbre a quienes prestan servicio en ella”, afirma su portavoz, Rafael Maldonado.

Abandonados y sin medios

«La movilización llega tras meses de incertidumbre y silencio institucional», aseguran las asociaciones en su comunicado a los medios, «pese a los anuncios sobre la implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar, la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) sigue sin informar a los agentes destinados en la localidad sobre qué ocurrirá con la unidad, sus competencias o el futuro de los profesionales que llevan décadas prestando servicio en el municipio».

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Las asociaciones acusan a la Dirección General de «hermetismo» y de haber «abandonado» a los agentes destinados a Roquetas de Mar, «que continúan sin recibir ninguna explicación oficial mientras conocen por los medios de comunicación decisiones que afectan directamente a su futuro, y de sus familias».

También señalan «el deterioro» del cuartel local, «que necesita una reforma integral», ya que carece de calabozos propios, escasean vehículos adecuados para hacer frente al narcotráfico y, aseguran, no se cubren las vacantes.

Defender la continuidad

Las organizaciones convocantes son: la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Profesional de Cabos Guardia Civil, Justicia Guardia Civil (Jucil), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional, Independientes de la Guardia Civil (IGC), Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) y Unión de Guardias Civiles (UNIÓNGC).

En su escrito recalcan que con esta convocatoria no pretenden «enfrentar a unos cuerpos policiales con otros, sino defender la continuidad de una unidad que ha demostrado durante décadas su compromiso con la seguridad de Roquetas de Mar», pero sí añaden que, a su juicio, «la llegada de la Policía Nacional no resolverá por sí sola los problemas de criminalidad del municipio si no va acompañada de una planificación rigurosa y de un refuerzo de los recursos policiales».

Las asociaciones recuerdan que la Guardia Civil «conoce en profundidad la realidad del municipio, la evolución de la delincuencia, sus barrios y las necesidades de seguridad de sus vecinos». Por ello, consideran que cualquier modificación del modelo policial debe realizarse con transparencia, criterios técnicos y una planificación adecuada, «nunca debilitando una unidad plenamente consolidada».

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