Todos entendemos que las normas que rigen nuestra convivencia, desarrolladas a través de las leyes nacionales y de las ordenanzas locales, están para cumplirse. Por ello, no está permitido traficar con drogas, cultivar marihuana, realizar enganches ilegales para sustraer suministro eléctrico ni levantar construcciones fuera de la legalidad que terminan generando espacios indignos para ser habitados. Todo ello ha desembocado en una macrooperación de la Guardia Civil que se ha saldado con 25 detenidos, acusados presuntamente de diversos delitos relacionados con estas prácticas.
Sin embargo, este tipo de intervenciones suelen generar una serie de daños colaterales que deberían contemplarse antes de ejecutar una actuación policial que, por otra parte, resulta necesaria y plenamente justificada.
Es cierto que, entre quienes residen en estas zonas, hay personas que nada tienen que ver con las actividades delictivas o que carecen de capacidad para participar en ellas debido a su avanzada edad o a su delicado estado de salud. Los cortes de suministro eléctrico provocan graves consecuencias no solo para quienes infringen la ley, sino también para vecinos enfermos que dependen de equipos médicos para respirar o mantener su calidad de vida. A ello se suma la imposibilidad de conservar alimentos en condiciones adecuadas en unos días en los que las temperaturas ya alcanzan los 30 grados a media mañana. Vivir durante jornadas enteras sin electricidad tampoco es la situación más adecuada para niños en edad escolar ni para personas mayores que requieren atención y seguimiento médico.
Por ello, no habría estado de más que los servicios sociales municipales hubieran actuado de manera inmediata para atender a quienes realmente lo necesitaban. Una respuesta rápida y una evaluación individualizada de cada caso habrían permitido evitar, al menos en parte, que pagaran justos por pecadores.
Que la operación era necesaria apenas admite discusión. De hecho, los comentarios publicados en redes sociales tras conocerse la noticia reflejan un respaldo mayoritario de la ciudadanía, que reclama desde hace años una actuación firme contra este tipo de actividades ilegales y valora positivamente el trabajo desarrollado por la Guardia Civil.
Ahora bien, también cabe preguntarse para qué están los servicios sociales de cualquier municipio del Poniente almeriense si no es para atender situaciones de vulnerabilidad como la vivida la pasada semana.
Su función no puede limitarse a la gestión administrativa; debe incluir una respuesta eficaz cuando determinadas circunstancias dejan a personas necesitadas en una situación de especial dificultad.
Por otro lado, resulta inevitable plantearse cómo se ha llegado tan lejos en estos dos barrios de Matagorda. ¿Por qué no se actuó antes cuando era evidente la existencia de construcciones ilegales, conexiones fraudulentas a la red eléctrica y otras irregularidades que ahora han salido a la luz? La prevención y la vigilancia temprana suelen evitar que los problemas alcancen dimensiones mucho mayores.
Asimismo, conviene recordar que existen otros puntos del municipio donde se reproducen situaciones similares a las del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés. Actuar con antelación en esos enclaves podría evitar que se repitan escenarios que, además de requerir grandes despliegues policiales, terminan generando importantes consecuencias sociales para vecinos que nada tienen que ver con las actividades delictivas.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, lleva años defendiendo la lucha contra el chabolismo. La ciudadanía reclama medidas en esa dirección y, en general, celebra las intervenciones que se llevan a cabo. Pero si los presupuestos municipales ya contemplan una partida destinada a los servicios sociales, quizá haya llegado el momento de utilizarlos con toda su capacidad para atender también las consecuencias humanas que estas actuaciones dejan a su paso.
Porque combatir la ilegalidad es una obligación. Evitar que los más vulnerables sufran sus efectos, también.
