Sobre el papel, la propuesta apela a una necesidad evidente. Andalucía arrastra un problema estructural de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y rentas medias, con decenas de miles de demandantes inscritos en registros públicos. Pero una cosa es diagnosticar correctamente el problema y otra muy distinta prometer soluciones que rozan lo inverosímil en términos de plazos y ejecución.
El primer problema de la propuesta no es el objetivo —incrementar el parque de vivienda pública es razonable—, sino el calendario implícito. Construir 100.000 viviendas no es una medida de choque inmediata, sino una política estructural que, en el mejor de los casos, requiere años.
Los procesos urbanísticos en España son complejos: recalificación de suelo, licencias, proyectos técnicos, licitaciones, ejecución… Incluso en escenarios de máxima agilidad administrativa, levantar vivienda a gran escala difícilmente se materializa en menos de varios años. Prometer resultados en 100 días no es ambición política: es marketing electoral.
De hecho, la propia formulación del plan introduce matices que rebajan el impacto inmediato: se habla de “impulsar” o “promover” esas viviendas y de destinar unos 1.000 millones anuales a la política de vivienda. Es decir, no se trata de tener 100.000 viviendas construidas en ese plazo, sino de poner en marcha el proceso. Y ahí es donde el discurso pierde fuerza frente a la realidad.
La política española reciente está llena de anuncios similares a gran escala que luego se diluyen en la ejecución. Desde planes estatales hasta compromisos autonómicos, la brecha entre lo prometido y lo construido suele ser considerable.
Incluso desde posiciones críticas, ya se ha señalado esta dinámica: adversarios políticos han calificado este tipo de propuestas como “promesas” difíciles de cumplir frente a planes más modestos pero concretos. Sin entrar en el juego partidista, lo cierto es que la experiencia invita al escepticismo.
El problema de fondo no es si Andalucía necesita más vivienda pública —que la necesita—, sino qué políticas son realmente eficaces y ejecutables. Para ello hay que reducir los tiempos administrativos de construcción, incentivar la colaboración público-privada real, movilizar vivienda vacía existente. Garantizar financiación sostenida más allá de titulares anuales.
Sin estos pilares, cualquier cifra redonda —100.000, 200.000 o la que sea— se convierte en un símbolo político más que en un plan operativo.
La propuesta de María Jesús Montero conecta con una preocupación social legítima, pero cae en un vicio habitual de la política contemporánea: prometer en titulares lo que no se puede cumplir en plazos reales. En un contexto de desafección ciudadana, este tipo de ofrecimientos no solo generan dudas sobre su viabilidad, sino que alimentan una sensación más profunda: que la política sigue confundiendo urgencia social con espectáculo electoral.
Porque construir vivienda es urgente. Pero construir credibilidad lo es aún más.
Ya dijo María Jesús Montero en febrero de 2025 que en 5 meses iba a estar derribado el Hotel del Algarrobico en una visita realizada a Almería, 14 meses después allí está en Carboneras la construcción lo mismo que cuando la exvicepresidenta vino.
¡A ver si con las viviendas va a pasar igual!
