Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma la detención del presidente de la Diputación, Javier García Molina, el delegado del Área de Presidencia, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos cargos del Partido Popular, junto a otras cuatro personas, relacionadas con la investigación del caso Mascarillas.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha ampliado las investigaciones iniciadas en 2021 por la presunta compra fraudulenta de material sanitario con una segunda fase de la operación que abarcaría varios contratos públicos relacionados con la Diputación de Almería.
La nueva operación se ha desarrollado esta mañana con el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.
Según el auto que ha autorizado los registros y ha facultado a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considere necesarias, «en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales».
La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros». Algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines.
Desde el TSJA señalan que algunos de los implicados, ahora detenidos, «no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta» de los contratos, pero sí «en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales».
El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada. Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.
En la causa ya estaba siendo investigado, entre otros, el entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020 por importe superior a los dos millones de euros.
Reacciones
Las reacciones por este operativo no se han hecho esperar entre la clase política almeriense y nacional.
El PSOE de Almería, en boca de su secretario general y subdelegado de Gobierno, José María Martín, ha exigido la dimisión «sin dilación» de los cargos supuestamente implicados, aseverando que «deben salir de las instituciones de manera inmediata, hoy mismo, y también dejar todos los cargos que ocupan en el seno del Partido Popular», para luego asegurar que «esto es única y exclusivamente la punta del iceberg».
Su homólogo en Madrid, Francisco Martín, también ha pedido a Núñez Feijoo «que tome «decisiones» y «actúe con contundencia», declarando que es una «magnífica oportunidad» para actuar frente a la corrupción.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado que su partido hará «todo lo posible» para personarse en la causa como acusación popular. Manuel Gavira, portavoz del partido de extrema derecha, ha señalado directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, como «vinculado» a este caso.
Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, ha hablado de «casos turbios», para después remarcar que «el PP vive de esto, es la forma que ha tenido que financiar su propia sede».
Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado en sus redes sociales que «cuando en la pandemia lo estábamos pasando muy mal, con gente muriendo, ellos se estaban forrando».
Mientras, lo altos cargos del Partido Popular guardan silencio. Juanma Moreno ha firmado desconocer «exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación», aunque después ha apuntado que él y su equipo están «muy pendientes a lo largo del día de hoy para tener información lo más exhaustiva posible». El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha evitado pronunciarse al respecto, limitándose a pedir cautela y asegurar que esperará «a tener la información adecuada».
