La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) enciende las alarmas en el Puesto Principal del cuerpo en Roquetas de Mar, denunciando “una sobrecarga insostenible de trabajo que ha llevado a varios agentes a necesitar asistencia médica por cuadros de ansiedad”.
La asociación señala que la “crisis”, en sus propias palabras, es consecuencia directa de la falta crónica de medios, el incremento de la llegada de inmigrantes irregulares.
Ante este panorama, han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, “para revertir una situación que se encuentra al borde del colapso humano y material”.
Verano crítico
La AUGC señala que este pasado verano ha sido “crítico” para los guardias civiles roqueteros, empezando por un incremento del 30% en la llegada de inmigrantes irregulares, lo que ha acentuado la saturación de medios humanos y materiales.
A esto se suma una carencia de vehículos adecuados, sin mamparas para los detenidos, y a que, según denuncian, el personal operativo es “el único que asume las consecuencias de las nuevas cargas de trabajo”, como los servicios específicos de patrullas terrestres por todo el litoral, que obligan a abandonar sus demarcaciones habituales, “aumentando el agotamiento de las unidades”.
Policía Local
La organización también informa de que continúa, desde el pasado mes de julio, el conflicto con la Policía Local roquetera, que sigue impidiendo que los beneméritos puedan dejar a los detenidos a cargo de los municipales en sus dependencias hasta que sean puestos a disposición judicial, algo indispensable teniendo en cuenta el mal estado en el se encuentra el Cuartel local.

Esto está obligando a los efectivos del Instituto Armado en Roquetas a recorrer largas distancias, a veces de hasta cerca de 300 kilómetros, para poder dejar a los detenidos bajo custodia en otras localidades, como Adra, El Ejido, Almería o, incluso, Garrucha.
“Esta situación genera una pérdida alarmante de efectivos en la vía pública, un aumento injustificado del tiempo de privación de libertad de los ciudadanos y una posible vulneración de derechos fundamentales”, señala AUGC.
Defensor del Pueblo
La organización también ha incluido esta situación en su queja al Defensor del Pueblo, a quien solicita “que instruya las actuaciones necesarias para restablecer de forma inmediata el protocolo de custodia de detenidos y garantizar la eficiencia del servicio público, evitando traslados innecesarios que agravan la situación de los detenidos y de los agentes”.
Por ello, la AUGC exige al organismo que «se aporte información detallada que cuantifique el perjuicio» de este conflicto, incluyendo el número y duración media de los traslados desde julio, el estado actual del parque móvil y una comparativa del tiempo medio de custodia antes y después de la ruptura del protocolo.




