Los sindicatos policiales Unión Federal de Policía (UFP) y JUPOL critican la decisión de la Audiencia Nacional que ha declarado nula la apertura de la Comisaría Local de Roquetas de Mar, aún en construcción, paralizando así la implantación de la Policía Nacional en el municipio, que seguirá a cargo de la Guardia Civil.
UFP reclama «transparencia, rigor jurídico y una respuesta rápida de la Administración para evitar que la puesta en funcionamiento de la nueva comisaría vuelva a sufrir retrasos». Mientras, para JUPOL, la apertura «no puede quedarse en una promesa ni suponer un despliegue insuficiente de efectivos», y exigen «que se resuelva esta situación y que se garantice una dotación policial acorde a las necesidades reales de la localidad».
Para UFP, el anuncio de la sentencia sentencia de la Audiencia Nacional, publicada parcialmente en los medios, «genera incertidumbre» y pide interpretarla «con rigor y sin anticipar consecuencias», y cuestionan a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que presentó el recurso contra la apertura de la comisaría, por «no facilitar el contenido».
«Consideramos que no se puede permitir que informaciones parciales, interpretaciones anticipadas o titulares periodísticos condicionen el desarrollo de un proyecto de esta trascendencia sin que previamente se haya conocido, estudiado y valorado jurídicamente el contenido íntegro de la resolución judicial».
«La implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar es una necesidad que lleva décadas esperando hacerse realidad», continúa el sindicato, «no podemos permitir que los avances conseguidos vuelvan a quedar paralizados por una situación que exige, ante todo, rigor jurídico, transparencia y responsabilidad institucional».
La plantilla
De acuerdo a estos sindicatos, el despliegue inicial de la Policía Nacional en Roquetas de Mar se habría limitado a 150 efectivos, (108 policías, 14 oficiales, 16 subinspectores, ocho inspectores, tres inspectores jefes y un comisario), un número inferior al anunciado en su momento por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, de 210.
Esa era la «previsión inicial», concretan desde JUPOL, «sin embargo, tras consultar con el área de Arquitectura, se determinó que la instalación provisional habilitada en la plaza de toros únicamente tendría capacidad para 150 policías», a pesar de que, como ellos mismos señalan, «el despliegue de la Guardia Civil en la localidad acumula un total de 180 efectivos», una dotación que consideran «insuficiente» para la localidad, «teniendo en cuenta las necesidades operativas de Roquetas de Mar y el número de efectivos de la Guardia Civil que actualmente prestan servicio».
UFP registró el pasado 22 de septiembre un escrito dirigido al director general de la Policía, solicitando un incremento en la plantilla de 60 funcionarios. «Nuestra organización entendía que la realidad operativa de Roquetas de Mar, su evolución demográfica y delincuencial, así como la reorganización de los servicios policiales en la provincia, exigían una dotación suficiente desde el primer día».
La Guardia Civil se queda, de momento
La Audiencia Nacional ha declarado nula la implantación de la anunciada comisaría de Policía Nacional, por lo que los cerca de 180 agentes del Instituto Armado no tendrán que ser cesados ni el puesto principal clausurado el 1 de diciembre, como ya les había anunciado en persona la directora general del cuerpo, Mercedes González.
La Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado parte el recurso presentado por la Unión de Oficiales (UO) contra la orden de Interior, considerando que carece de ningún tipo de informe o estudio que justifique la creación de una Comisaría Local.
La sentencia aún puede ser recurrida por el Gobierno, lo que ya esperan en UO, “pero queda claro que es exigible que acompañe la norma con datos que permitan que los ciudadanos, y en particular a los guardias civiles, conozcan los motivos por los que se decide expulsarlos de esta o de cualquier otra localidad”.
Rafael Maldonado, subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de Jucil, que forma parte de la unidad de acción contra el cierre, valora “positivamente” la sentencia aunque haya sido parcial y espera que, si es recurrida, “se estime en su totalidad”. “Es de justicia por los ciudadanos y por los Guardias Civiles y sus familiares”.
«De ahí no no sacan»
Desde Roquetas de Mar, su alcalde, Gabriel Amat, ha vuelto a salir en defensa de la permanencia de la Guardia Civil, asegurando que “el Ayuntamiento siempre ha defendido, defiende y defenderá” los intereses del cuerpo, aunque manteniendo su alegato por una demarcación dividida con Policía Nacional, similar al municipio de El Ejido. “De aquí no nos van a sacar” ha afirmado tajantemente.
Amat ha dedicado duras palabras a la directora del cuerpo, acusándola de “venir única y exclusivamente a hacer campaña electoral y a ayudar al PSOE” y de hacer “política partidista”.
También ha apuntado a Vícar, donde se está construyendo un nuevo cuartel, asegurando que “entendemos perfectamente que cada pueblo defienda” sus intereses, pero “lo que es inadmisible es que el beneficio de un municipio se ejecute en detrimento de las necesidades básicas y de la seguridad de los vecinos y vecinas de Roquetas de Mar. No se puede desmantelar el servicio de una gran ciudad de 160.000 habitantes reales para cubrir otras zonas”.
