En un principio, podíamos pensar que este cambio de situación de estos inmigrantes en suelo español podría modificar considerablemente la situación de estas personas, hacerlas visibles, a la vez que podrían disponer de un trabajo y contribuir en la comunidad que les ha acogido. Esa es la parte positiva de una historia que está yendo más allá de lo previsto. La semana pasada, la Policía anunciaba la operación “Resurrección” con la que se descubre que las bandas de traficantes estaban moviendo documentos para conseguir la regularización de muchas de estas personas con papeles falsos. No obstante, no ha sido un hecho aislado puesto que esta semana la Policía ha vuelto a anunciar la detención de otras siete personas en la operación “Furia” en la que se descubre que las mafias empadronaron inmigrantes en viviendas donde no han estado nunca y cuyos propietarios desconocían que eran inquilinos de esas moradas.
Es evidente que se ha desatado una actividad delictiva sin precedentes para conseguir documentos con los que estas personas puedan legalizar su situación. De momento, van detenidas once personas que se encargaban de proporcionar documentación falsa a quienes estaban buscando la posibilidad de tener un permiso de residencia y trabajo en suelo español.
Es de suponer que las personas que hayan participado en este tipo de estafas ya van a tener muy complicado regularizar su situación en terreno español. No obstante, y de forma inesperada, tampoco sería extraño que el Gobierno premiará a los que han sido objeto de estas mafias y le diera directamente una regularización aunque su documentación no fuese la correcta, es cuestión de esperar a ver cuál es la interpretación que hace el ejecutivo de los hechos que la Policía ha puesto a disposición del Juzgado correspondiente por tratarse de una actividad ilícita que se suponía se iba a desarrollar una vez que se abriera la puerta a la regularización de tantas personas que llegaron muy posiblemente a bordo de pateras. Por otra parte, cabe pensar que alguno de los regularizados y que estén ya con actividad laboral en curso podían quedarse sin trabajo y tener que volver a su país, si definitivamente alguien puede demostrar que la documentación conseguida se ha hecho con documentos que no gozan de la legalidad oportuna recogida en la Ley de Regularización.
No hace mucho, había quienes argumentaban que había personas que estaban coleccionando tiques de bares, tiendas y supermercados que con posterioridad vendían a recién llegados para demostrar que llevaban tiempo el suelo español y por lo tanto eran acreedores de esa regularización que estaban buscando. Si esto es realmente así, no termino de entender por qué el Gobierno pide una serie de requisitos que no se van a cumplir, en cierto modo eso es dar oportunidades a las mafias para conseguir dinero de los más necesitados. Es evidente que el único requisito que debería de exigirse es estar ya en suelo español y no tener antecedentes penales por actividades peligrosas de la persona en cuestión.
A ver qué pasa en los próximos días, pero da la sensación de que las mafias están actuando con celeridad y la Policía tiene trabajo de sobra para controlar documentos ilegales que ahora mismo no son válidos para que estos migrantes terminen consiguiendo su objetivo de estar en suelo español correctamente. Siempre pasa lo mismo, lo más necesitados en manos de los peores.
