Un juez de Roquetas de Mar ha imputado al propietario de una vivienda de la localidad por cortar la luz y el agua a una inquilina, de 88 años, en proceso de embargo por impago de la hipoteca.
El domicilio fue subastado y adquirido por un nuevo propietario que, sin esperar a que se produjera el
lanzamiento y ejecución del embargo por parte del juzgado correspondiente, pidió de las compañías de luz y agua la interrupción del suministro, cosa que ocurrió a pesar de que la anterior dueña tenía todos los pagos cumplidos y había manifestado su intención de seguir haciéndolo hasta el final de proceso judicial.
Todo esto tuvo lugar en pleno mes de agosto, uno de los más calurosos de la historia de España, obligando a esta anciana a abandonar su casa, siendo acogida por una de sus hijas.
Servicios recuperados
Ahora, la actuación del nuevo propietario le ha costado la apertura de unas diligencias por un presunto delito de coacciones, un proceso a cargo del juez Claudio García Vidales, titular de la Sección de Civil y de Instrucción de la plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar y juez a cargo del caso.
García Vidales ha dictado una medida cautelar para ordenar la restitución de los servicios interrumpidos de luz y agua, que el nuevo propietario del inmueble ya ha cumplido.
Como remarca el juez, esta mujer no es una ocupante ilegal, «sino la propietaria de una vivienda que, ante una adversa situación económica, ha perdido la titularidad de la misma, estando pendiente de lanzamiento por orden judicial. Es evidente que tiene la obligación de abandonar el inmueble, pero ello no habilita al ahora investigado para actuar de forma unilateral mediante medidas coactivas y no amparadas, en ningún caso, por nuestro ordenamiento».
Inquilinos morosos ≠Okupas
El dueño del domicilio justifica su actuación en la sentencia 426/2026, dictada por el pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 24 de junio, que abre la vía para recurrir a estos métodos para facilitar el abandono de los inmuebles de inquilinos morosos.
Sin embargo, en ese mismo escrito, el Tribunal Supremo insiste en diferenciar claramente al inquilino que no puede abonar el alquiler por circunstancias concretas, o a la persona embargada que ha de abandonar su casa por no poder hacer frente a la hipoteca, del ‘okupa’ que entra por la fuerza en una propiedad ajena.
«No es equiparable que la acción se desarrolle sobre un sujeto pasivo que goza de un legítimo, al menos, aparente o en disputa, título de acceso y disfrute de la posesión del bien, que cuando se despliega el acto sobre quien, sin ostentar derecho ni título alguno que le ampare, pretende un aprovechamiento de un bien ajeno», subrayan los magistrados del alto tribunal.
Para el juez roquetero, este un problema que surge cuando «la opinión pública (y la generalidad de la población) utiliza términos omnicomprensivos y jurídicamente desconocidos como ‘okupa’ para referirse a cualquier individuo que está en posesión de un inmueble contra la voluntad de su titular. Y es que no es lo mismo quien accede a una vivienda ajena, cambiando a la fuerza su cerradura y sin ninguna relación con ella, que el inquilino que deja de pagar la renta y se ve sometido a un proceso de desahucio. Como tampoco lo es la anciana que ha perdido la titularidad de una vivienda que era suya por no haber podido hacer frente a su hipoteca y se encuentra pendiente de lanzamiento».
El drama continúa
De acuerdo a los datos del Cuerpo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2026 se han ejecutado en España 4.005 desahucios, una caída del 45% respecto al mismo periodo del año anterior. El 64,9% fue por impago de alquiler, y el 24,2% por ejecuciones hipotecarias.
Por número, Andalucía es la tercera comunidad autónoma que más lanzamientos concentra, 616, solo superada por Cataluña (921) y la Comunidad Valenciana (741), y por encima de los 582 de Madrid.
Sin embargo, para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) este descenso es una muestra «de un sistema judicial colapsado y de un Estado que abandona a las familias vulnerables», señalando que «las ejecuciones hipotecarias iniciadas suben un 17,5% en el mismo trimestre, hasta las 7.194».
«No hay menos familias en riesgo de perder su casa: hay más procedimientos abiertos que todavía no han llegado a su fase final. La caída de los desahucios practicados no refleja una mejora de la situación material de los hogares, sino un atasco en la maquinaria judicial que tarde o temprano se traducirá en lanzamientos», defienden.
El último caso paradigmático es el de Maricarmen, una vecina de 87 años de Madrid que ha sido desalojada del piso en el que ha vivido desde el año 1956. La finca en la que residía, encadenando contratos subrogados desde la muerte de su padre, pasó en 2018 a ser propiedad de Renta Corporación, un holding español que después la vendió a Urbagesa, que evita definirse como fondo de inversión (o fondo buitre).
La autoproclamada «intermediaria de inversiones inmobiliarias» pasó a exigirle un alquiler de 2.650 euros al mes, muy superior al de 500 que ya abonaba religiosamente, y una cifra imposible con una pensión de 1.300.
A pesar de que incluso una «conocida escritora» se ha ofrecido a pagar su alquiler, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Urbagestión se ha negado a aceptar el acuerdo, produciéndose el desahucio de Maricarmen este miércoles, 23 de septiembre, en medio de una gran protesta con cientos de personas, con un gran operativo policial para asegurarse de que esta anciana de 87 años abandonaba la vivienda en la que que ha residido toda su vida.
