El portavoz el Grupo Popular, José Juan Rodríguez, señala que éstas “no pueden constituir un derecho colectivo derivado del mero paso del tiempo, sino un procedimiento excepcional, individualizado, condicionado y verificable, vinculado al empleo real, a la integración efectiva y a la seguridad jurídica”.
Desde el Grupo Municipal Popular, expresan su posición favorable a la implementación de un modelo responsable, que “vincule la residencia al empleo mediante contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, actividad económica real o proyecto empresarial viable, recuperando el carácter verdaderamente excepcional del arraigo social y familiar y estableciendo la exclusión expresa de personas con antecedentes penales, órdenes de expulsión o reincidencia delictiva”.
El interés del menor, primero
Como portavoz del Grupo Municipal, José Juan Rodríguez reiteró ante el plenario “la necesidad de que por parte del Gobierno de la Nación se adopten las medidas necesarias, a fin de agilizar los procedimientos de retorno de inmigrantes en situación irregular a los que se les haya denegado la solicitud de asilo, para lograr la readmisión efectiva de éstos y favorecer el retorno a menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, con sus familias, en aras del principio de reagrupación familiar”.
Entienden desde el Equipo de Gobierno que “debe garantizarse que esta reagrupación debe llevarse a cabo salvaguardando el respeto del principio de interés superior del menor. En todo este proceso, abogan por la necesidad de impulsar los retornos efectivos de inmigrantes, en coordinación con los países de origen y tránsito y “garantizar la inmediata ejecución de las órdenes de expulsión tramitadas a través de los expedientes abiertos”. Además, señalan la necesidad de promover la “expulsión de todos aquellos que incurran en delitos graves y la reincidencia dolosa en delitos leves o menores”. El primer teniente de alcalde cree necesario “la revocación de permisos a extranjeros con vínculos criminales o radicales, mediante resolución motivada cuando existan pruebas sólidas, acreditadas en sede judicial o administrativa con garantías de participación en actividades delictivas graves, pertenencia a organizaciones criminales o procesos de radicalización violenta”.
Penas más duras para las mafias
A juicio del Equipo de Gobierno, “es necesario endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal, sobre todo en los casos de explotación o pertenencia a organización criminal; y también a quienes colaboren con ellas, incluyendo fabricantes, proveedores o intermediarios que, a sabiendas del uso delictivo, suministren embarcaciones, motores, combustibles, dispositivos, teléfonos u otros materiales destinados a facilitar la actividad criminal”.
Una política migratoria firme, ordenada y “acorde a las necesidades del mercado laboral” es la clave que “asegure la sostenibilidad del estado de bienestar, así como la integración real y efectiva y la capacidad de los inmigrantes de adaptarse a la cultura y costumbres de este país”, concluye el portavoz del Equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
