El Ayuntamiento de El Ejido ha participado en el XXVII Simposio Internacional de Actualización en Derecho Administrativo, que se ha celebrado los días 19, 20, 22 y 23 de octubre en el Centro Asociado de la UNED en Almería, con un programa que ha reunido a profesionales del ámbito jurídico, representantes de las distintas administraciones públicas, académicos y especialistas nacionales e internacionales.
Bajo la dirección de Juan Francisco Pérez Gálvez, Catedrático de Derecho Administrativo de la UAL y de Demetrio Carmona del Barco, Abogado del Estado, el Simposio ha estado organizado por la UNED y el grupo de investigación PAIDI SEJ056 de la Universidad de Almería, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido. Unas jornadas para el análisis, la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias en torno a los retos presentes y futuros del Derecho Administrativo.
Bajo el lema ‘El derecho y las premisas del tiempo presente’, el encuentro ha abordado los principales desafíos a los que se enfrenta el Derecho Administrativo en un contexto marcado por la transformación digital, la incorporación de la inteligencia artificial a la gestión pública, la modernización de los procedimientos y la necesidad de garantizar la eficacia de la actuación administrativa y la protección del interés general.
La alcaldesa, Julia Ibáñez, ha participado en la clausura de este Simposio, “en el que colaboramos desde hace años porque estamos convencidos de que una Administración mejor preparada, más eficiente y cercana a la ciudadanía necesita formación continua, actualización jurídica y diálogo entre la universidad y las instituciones públicas”.
En un contexto de profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos, “el Derecho Administrativo resulta esencial para garantizar la legalidad, la seguridad jurídica, la transparencia, la eficacia y el servicio al interés general, dando respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía y acompañando el desarrollo del municipio”.
Entre los principales retos abordados, Ibáñez ha destacado “la planificación urbanística y territorial, la contratación pública, la protección del litoral de Balerma y Almerimar frente al cambio climático, la transformación digital y la inteligencia artificial, así como la formación de los profesionales públicos y la tutela judicial efectiva”. El objetivo es, como ha apuntado, “avanzar hacia una Administración más moderna, eficiente y cercana, capaz de ofrecer garantías jurídicas, agilizar los procedimientos y facilitar el desarrollo de proyectos, sin perder de vista la protección de los derechos ciudadanos y la mejora de los servicios públicos”.
En cuanto al programa, la primera sesión estuvo dedicada a la Administración local y reunió a responsables jurídicos y técnicos de otras administraciones locales, con el objetivo de compartir experiencias y analizar cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los ayuntamientos.
El simposio ha celebrado, además, sesiones dedicadas a la Administración autonómica y a la Administración General del Estado, así como debates sobre el empleo público y las relaciones laborales, la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la interrelación entre universidad y empresa y las experiencias internacionales en materia de gestión pública. Asimismo, ha profundizado en cuestiones de especial actualidad, como la aplicación de la inteligencia artificial en la actividad jurisdiccional, la toma de decisiones automatizadas, el derecho a no interactuar digitalmente con las administraciones públicas y las implicaciones jurídicas de los avances tecnológicos.
El programa se ha completado con varios talleres y seminarios sobre evaluación del desempeño y carrera horizontal, ciberseguridad, gestión del dominio público marítimo-terrestre y control preventivo de los contratos, además de sesiones sobre concesiones administrativas y urbanismo.
El encuentro ha concluido con la conferencia ‘Proceso contencioso y tutela judicial efectiva’, a cargo de César Tolosa Tribiño, magistrado del Tribunal Constitucional, y la presentación de dos monografías del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería Juan Francisco Pérez Gálvez.
