La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) rechaza la propuesta de una demarcación compartida con la Policía Nacional en Roquetas de Mar, desmarcándose así de la Unidad de Acción con otras asociaciones profesionales del Instituto Armado. «No creemos en un trabajo desde el miedo, no vamos a rendirnos y entregar las llaves del fuerte», afirma Víctor Vega, secretario provincial de AUGC en Almería.
Vega defiende que la demarcación compartida «es la opción más ilógica». El modelo que se ha puesto sobre la mesa reserva el núcleo urbano de Roquetas a la Policía Nacional y deja a la Guardia Civil el ámbito de Aguadulce y las zonas periféricas. «Es decir, el cuerpo que hoy presta la seguridad integral del municipio pasaría a ocuparse de lo que quede fuera del casco urbano».
Para AUGC, la experiencia demostraría que, allí donde se han fragmentado demarcaciones, la Guardia Civil «se repliega y acaba confinada a lo rural, al campo y a las competencias específicas», mientras la seguridad ciudadana del núcleo urbano, «la que da visibilidad, medios e inversión, se transfiere íntegramente».
AUGC recuerda que hay municipios como Las Rozas (Madrid), de gran población y competencia de la Guardia Civil, y otros más pequeños, como Aranjuez o El Escorial (ambos madrileños) que cuentan con Policía Nacional, por lo que defienden que la decisión de implantar una comisaría en Roquetas de Mar «es una decisión política, y en ese caso, puede detenerse» para «no desmantelar una unidad que lleva más de 100 años con sus trabajadores dejándolos tirados».
Además de AUGC, también se han separado de la Unidad de Acción la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) y la Asociación Suboficiales Guardia Civil (ASESGC).
Más medios para 180 agentes
AUGC reclama un estudio técnico riguroso de los motivos policiales y económicos de cada escenario, dotando de medios al cuerpo que ya está presente en el municipio. «No puede ser que a día de hoy el puesto principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar tenga seis vehículos para 180 guardias civiles», denuncia Vega, y añade, «no se puede decir que la solución mágica es que venga otro cuerpo policial, que a ellos sí dotarlos de medios, y no dotar a los que ya están».
También reivindica el papel que juega la benemérita en materia de inmigración, teniendo el uso exclusivo del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), más en una provincia en la que en los últimos diez años han entrado 60.000 inmigrantes por esta vía.
A esto se debe sumar la atención a 800 víctimas de violencia de género con seguimiento activo en Roquetas de Mar, que pasarían a depender en exclusiva de la UFAM de Policía Nacional, «con el trastorno que supone para muchas de ellas romper el vínculo de confianza con los agentes que llevan años acompañándolas».
Reforzar, no sustituir
Por otro lado, desde la Unidad de Acción, en la que continúan Justicia Guardia Civil (JUCIL), la Asociación Profesional de Cabos, Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y Unión de Guardias Civiles (UGC), reclama un acuerdo escrito y vinculante que garantice la continuidad del Puesto Principal, el mantenimiento íntegro de la plantilla y la protección de las familias afectadas.
«La llegada de, al menos, 210 agentes de la Policía Nacional ya ha sido comprometida mediante el protocolo firmado entre la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento», remarcan. «Ante esta realidad, el debate no puede plantearse como una elección entre Guardia Civil o Policía Nacional», defendiendo la demarcación compartida en Roquetas de Mar, lo que encajaría en la Ley Orgánica 2/1986 y que ya se hace en otros municipios, como es el caso de El Ejido.
También rechazan cualquier tipo de enfrentamiento entre ambos cuerpos, y aseguran que «los policías nacionales no vienen a sustituir a los guardias civiles, sino a reforzar la seguridad de una población en permanente crecimiento
