La asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha presentado sendos escritos ante la Dirección General de la Guardia Civil y la Secretaría de Estado en los que exigen la paralización «urgente» del cierre del cuartel de Roquetas de Mar, algo que, de no darse ningún cambios de plantes, podría ocurrir el próximo 1 de diciembre.
Junto a esto, JUCIL denuncia la ausencia del General jefe de Andalucía, Luis Ortega Carmona, con quien ya deberían haber mantenido una reunión este pasado 11 de noviembre, si bien se acabó cancelando por la Huelga General. «La reunión se convocó con más de un mes de antelación, la convocatoria de Huelga General también se sabía desde hace un mes», denuncian desde JUCIL, «pese a disponer de ese margen, se comunicó la cancelación por ese motivo a solo dos días de la fecha prevista, lo que la organización consideran «inaceptable» y una «falta de consideración».
También piden que se les comunique por escrito, a JUCIL y a los agentes afectados, si se ha tomado una decisión definitiva al respecto y si continúan vigentes las fechas 1 y el 15 de diciembre, y que se informe de si se ha preparado un recurso de casación.
«Es una vergüenza el trato que están recibiendo por parte de la DGGC los compañeros destinados en el Puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, la falta de transparencia y empatía hacia ellos es inadmisible», traslada Rafael Maldonado, Subsecretario Nacional de Relaciones Institucionales, de JUCIL, «los siguen tratando como meros números y no personas, por eso en el día de hoy está Asociación ha registrado sendos escritos a la Directora General de la Guardia Civil y a la Secretaria de Estado de Seguridad, para que paren inmediatamente la disolución de la Unidad que tienen prevista con fecha 1 de diciembre».
Comisaría y cuartel
La implantación de la Comisaría Local de Policía Nacional en el municipio está siendo una auténtica montaña rusa para todos los implicados, incluyendo a los propios vecinos y vecinas de Roquetas de Mar, pero para nadie tanto como para los guardias civiles allí destinados.
El pasado 27 de octubre, la directora general del cuerpo, Mercedes González, visitaba la localidad para comunicar, en persona a los 183 agentes del Puesto Principal, que la brigada se disolvería el próximo 1 de diciembre, y que todos serían cesados de su destino. Unos días después se hacía pública una resolución de la Audiencia Nacional, estimando parte de un recurso presentado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), que declaraba la apertura de la comisaría roquetera, al considerar que la orden de Interior carecía de justificaciones documentales.
Sin embargo, aquella tampoco fue una clara victoria para el Instituto Armado, y organizaciones policiales como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierten que la decisión de la Audiencia Nacional «no cuestiona la habilitación para crearla cuando existan necesidades organizativas debidamente justificadas», exigiendo «que se resuelva esta situación y que se garantice una dotación policial acorde a las necesidades reales de la localidad».
«Después de la sentencia de la Audiencia Nacional, debe pronunciarse el Tribunal Supremo llegado el caso, no siendo hasta entonces cuando la DGGC debe tomar una medida», explica Maldonado, «de lo contrario y continuar con la expulsión de los agentes allí destinados, está Asociación tomará todas las medidas legales en la defensa de los agentes, así como solicitar la compensación por los perjuicios económicos y morales provocados por una expulsión arbitraria.
