El Juzgado de Berja ha ordenado el ingreso en prisión provisional a la espera de juicio del presunto petaquero detenido el pasado 17 de octubre en el municipio de Adra. En su domicilio la Guardia Civil halló un depósito con 8.000 litros de gasolina.
Los investigadores presumen que el combustible iría presuntamente destinado al abastecimiento de embarcaciones vinculadas a actividades ilícitas como el tráfico de drogas o el de seres humanos por el Mediterráneo.
Desde el Instituto Armado remarcan que la acumulación de esta cantidad de combustible en un entorno residencial «ponía en grave riesgo su propia vida y la de los vecinos». La elevada inefabilidad del combustible y la posible acumulación de vapores generaban un serio peligro de incendio y explosión, cuyas consecuencias podían extenderse a las viviendas próximas.
Al detenido se le acusa de un delito de tenencia, tráfico o deposito combustible, recogido en el artículo 568 del Código Penal (CP) español. Las condenas pueden ir de los tres a cinco años de prisión, aunque la horquilla puede aumentar de los cuatro a ocho si se demuestra que el sospechoso es uno de los promotores u organizadores.
Esta intervención se enmarca en los dispositivos que la Guardia Civil mantiene de forma permanente, en la provincia de Almería para combatir el denominado ‘petaqueo’, una actividad de apoyo logístico que consistente en el almacenamiento, trasporte y suministro de combustible a embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales.
En lo que va de año, estos dispositivos han permitido intervenir un total de 141.120 litros de combustible, 32 embarcaciones, 20 vehículos, así como detener o investigar a 55 personas relacionadas con esta actividad.
Una complicada legislación
A principios de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) imponía una pena pionera contra la distribución de combustible para actividades ilícitas, revocando la absolución a un petaquero detenido en Cádiz, condenándolo a un total de doce años de cárcel y dos multas de 180.000 euros cada una, aplicando el agravante de multirreincidencia. El acusado contaba con tres sentencias anteriores, ya firmes, por las que resulta condenado por delitos contra la salud pública.
“La conducta enjuiciada consistió en la tenencia ilegal de 1.300 litros de gasolina y en su transporte por vía marítima distribuidos en 52 garrafas, siendo palmario que su poseedor conocía la peligrosidad por el carácter extremadamente inflamable y volátil de dicho producto y que asumía tal grave riesgo, habiendo incurrido por tanto en el delito tipificado en el artículo 568 del Código Penal como promotor responsable de esa posesión y transporte que efectuaba”, argumentaba el TSJA, que impone la condena por este delito en su límite mínimo.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz absolvió al acusado del delito de tenencia de sustancias inflamables al considerar que la aplicación de este tipo penal a conductas como la enjuiciada vaciaría de contenido tanto el artículo 348 del Código Penal como la infracción administrativa equivalente prevista en el Reglamento de mercancías peligrosas por carretera aprobado por Real Decreto 551/2006. Sin embargo, en su recurso, la Fiscalía argumentó que la compatibilidad y la línea divisoria entre los artículos 568 y 348 del Código Penal viene marcada en sus propias descripciones típicas y asimismo es proclamada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que es asimismo diferenciable el ilícito penal del meramente administrativo por la exigencia para el primero de un plus de factores, entre ellos riesgo para la seguridad ciudadana, dolo directo o eventual con consciencia y aceptación de que se pone en peligro la seguridad pública.
A pesar de esta victoria, las FFCCSE siguen exigiendo una normativa más clara y efectiva que permita combatir debidamente las actividades de los petaqueros. Víctor Vega, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería, explica que el artículo 568 del CP “no viene calificado en si mismo que esas petacas puedan usarse para un fin delictivo, cosa que sí hacía la ley de 1963”.
Vega exige que el Gobierno “se ponga las pilas para preservar la seguridad del ciudadano y la nuestra propia, en vez de hacer encaje de bolillos con sentencias como esta, tratando de sentar jurisprudencia”, ya que, como apostilla, “no le corresponde al sistema judicial la calificación de la cuantía del delito cuando no viene legislado”.
