Representantes de varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil y del Partido Popular de Roquetas de Mar reivindican la implantación de una demarcación compartida con la Policía Nacional en el municipio para evitar in extremis el cierre del cuartel local.
En el encuentro, al que han asistido el alcalde, Gabriel Amat, el senador Juan José Matarí y la
diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa, las asociaciones han reiterado que no se oponen a la llegada de la Policía Nacional ni al refuerzo de la seguridad pública en el municipio. «Lo que se rechaza», aseguran en un comunicado, «es que dicha implantación lleve aparejada la salida de la Guardia Civil, el cierre de su acuartelamiento y el desplazamiento de los agentes que llevan décadas prestando servicio y conocen profundamente la realidad social, territorial y delincuencial de Roquetas de Mar».
Como remarcan, el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que corresponde a la Policía Nacional «ejercer las funciones de seguridad ciudadana en las capitales de provincia y en aquellos términos municipales y núcleos urbanos que determine el Gobierno», aunque la misma nomra también permite al Ministerio del Interior «ordenar que cualquiera de los dos cuerpos asuma, en zonas concretas, determinadas funciones atribuidas al otro, con el objetivo de optimizar los medios disponibles y racionalizar la distribución de efectivos». «Por tanto», declaran, «existe margen legal para establecer un modelo coordinado y adaptado a las características específicas de Roquetas de Mar».
En el comunicado, proponen que la Guardia Civil mantenga la responsabilidad de seguridad ciudadana en las zonas de Aguadulce, Campillo del Moro, El Parador de las Hortichuelas, Cortijos de Marín y El Solanillo, dejando a la Policía Nacional los barrios de Las Salinas, Roquetas Centro, Las Marinas y la Urba.
Por su parte, el PP roquetero ha trasladado su intención de promover una pregunta parlamentaria para conocer en qué otros puntos de la geografía española se mantiene un modelo de competencias compartidas, mientras que las asociaciones les piden que que soliciten «ante el Gobierno de España, al Ministerio del Interior y a la
Dirección General de la Guardia Civil» que reconsideren el cierre del Puesto Principal «y abran un proceso de diálogo que permita establecer una demarcación compartida, equilibrada y eficaz».
Rafael Maldonado, Subsecretario Nacional de Relaciones Institucionales de Jucil, asegura estar «manteniendo diversas reuniones con todas las asociaciones civiles, partidos políticos o ciudadano que quieren luchar por la continuidad de la Guardia Civil en Roquetas de Mar, ya que no se debe jugar con la seguridad de los ciudadanos y la vida profesional y familiar de los 180 agentes y sus familiares».
División en las asociaciones
Este último comunicado llega con las firmas de Jucil, la Asociación Profesional de Cabos de Guardia Civil, Independientes Guardia Civil (IPGC), Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y Unión de Guardias Civiles (UGC), la mitad de las que apoyaron el manifiesto y la concentración del pasado 13 de julio frente al cuartel de Roquetas.
Una de las ausentes es la asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que prefiere demandar una ampliación de personal para la dotación local, que lleva sin actualizarse desde 2018, y la reforma de las instalaciones, que «no son las que se merecen los roqueteros para ser atendidos como se merecen, ni nuestros compañeros para trabajar», rechazando frontalmente la llegada de la Comisaría de Policía Nacional, según traslada a D-CERCA su portavoz, Francisco Pajuelo.
Por otro lado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), denuncian el «oscurantismo» de esta gestión, «no hay fecha para el cierre ni sabemos qué pasará con los agentes y el resto de cuarteles con plantillas bloqueadas», exigiendo «saber la razón y el porqué del cierre», como declara a este medio el portavoz de la asociación en Almería, Víctor Vega.
AUGC también reivindica la importante labor que realiza el cuerpo Roquetas de Mar en materia de control de la frontera marítima, teniendo el uso exclusivo del SIVE ((Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) para su vigilancia.
