No estamos hablando de un simple tropiezo administrativo. En julio de 2025, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) incluyó al Polideportivo El Ejido 1969 entre los clubes de Tercera Federación que todavía no habían saldado sus deudas con futbolistas. La consecuencia anunciada era la suspensión de los derechos federativos, impidiéndole tramitar nuevas licencias mientras no regularizase su situación.
La situación llegó todavía más lejos. En septiembre de 2025, el Comité de Competición de la Federación Andaluza acordó excluir al club de División de Honor Sénior y situarlo en el último puesto, con el consiguiente descenso de categoría. Sin embargo, la historia no terminó ahí.
El Polideportivo El Ejido recurrió su exclusión ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía (TADA). Según las informaciones publicadas posteriormente, el tribunal estimó el recurso del club y su resolución abrió la puerta a su readmisión. El argumento del Polideportivo incluía que existían reclamaciones correspondientes a cantidades que, según sostenía la entidad, ya habían sido abonadas.
En agosto de 2026 se confirmó finalmente la inscripción del conjunto celeste en División de Honor después de la resolución favorable del TADA. Posteriormente, en septiembre, se informó también de que el TADA había requerido a la Federación Andaluza que desbloquease la plataforma Fénix para permitir al club tramitar las licencias de sus futbolistas.
Y aquí está, a mi juicio, el verdadero debate.
La cuestión no debería reducirse a preguntar por qué “la Federación deja jugar al Polideportivo El Ejido teniendo deudas”, porque esa formulación puede transmitir la impresión de que la Federación ha decidido mirar hacia otro lado. Lo ocurrido parece jurídicamente más complejo: hubo sanciones federativas, el club recurrió y una instancia administrativa superior terminó dando la razón al Polideportivo en aspectos relevantes del procedimiento.
Pero que exista una explicación jurídica no significa que desaparezca el problema deportivo y moral.
El fútbol modesto vive, en gran medida, del esfuerzo de clubes que hacen auténticos equilibrios para pagar nóminas, arbitrajes, desplazamientos, Seguridad Social, proveedores y demás obligaciones. Muchos reducen presupuestos, renuncian a fichajes o compiten con plantillas más modestas precisamente porque intentan no gastar aquello que no pueden pagar.
Por eso, cuando un club acumula problemas económicos y, después de sanciones y recursos, consigue regresar a la competición, resulta comprensible que aparezca una sensación de agravio entre quienes sí han cumplido puntualmente con sus obligaciones.
El problema no es que un club ejerza su derecho a recurrir. Todo lo contrario. Si una resolución federativa no se ajusta a derecho, debe poder ser revisada y corregida. Las garantías jurídicas existen también para los clubes de fútbol.
El verdadero problema aparece cuando las normas deportivas producen situaciones difíciles de comprender para el aficionado: un club puede tener deudas, sufrir el bloqueo de licencias, ser excluido, recurrir y finalmente regresar a la competición. Desde fuera, el mensaje que puede percibirse es peligroso: ¿merece realmente la pena cumplir escrupulosamente desde el primer día si otros pueden sobrevivir deportivamente mediante sucesivos procedimientos y recursos?
Esa es la pregunta que deberían responder con absoluta transparencia tanto las instituciones deportivas como el propio club.
Además, conviene recordar que los problemas económicos atribuidos al Polideportivo El Ejido no se han limitado exclusivamente a las obligaciones federativas. En 2024 se hicieron públicas reclamaciones de terceros por impagos; entre ellas, la de un propietario que denunció una deuda superior a 3.000 euros correspondiente al alquiler y suministros de una vivienda destinada a jugadores. Por tanto, sería un error convertir este asunto exclusivamente en una batalla entre el Polideportivo El Ejido y la Federación.
Aquí hay al menos tres cuestiones diferentes: qué deudas siguen existiendo, cuáles tienen relevancia federativa para impedir la inscripción y qué defectos jurídicos o administrativos llevaron al TADA a estimar los recursos del club. Separarlas es fundamental.
También sería conveniente que la Federación explicara públicamente, con lenguaje sencillo, qué normas está obligada a aplicar después de las resoluciones del TADA. Y el Polideportivo El Ejido debería aclarar cuál es exactamente su situación económica actual, qué cantidades permanecen pendientes y qué calendario existe para satisfacerlas, si todavía las hubiera.
Porque una cosa es tener derecho jurídicamente a competir y otra distinta recuperar la confianza.
Si el TADA ha determinado que el club tiene derecho a competir, esa resolución debe respetarse. Pero también es razonable exigir que se explique por qué puede hacerlo, cuál es la situación real de las deudas y qué diferencia existe entre aquellas que impiden obtener una licencia federativa y las que no tienen ese efecto.
Porque, al final, la pregunta no es solamente por qué vuelve a jugar el Polideportivo El Ejido.
La pregunta que verdaderamente importa es otra: ¿están todos los clubes jugando con las mismas reglas?
