Desarticulada una de las principales organizaciones criminales especializada en el tráfico de seres humanos entre el norte de África y España, considerada una de las estructuras «más compleja, activa y peligrosa» hasta la fecha, de acuerdo a fuentes policiales.
Estaba bien asentada en Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana e Islas Baleares. D-CERCA ha podido confirmar que contaba con varias bases en la provincia de Almería, llevándose a cabo registros y detenciones en los municipios de Berja y Roquetas de Mar del Poniente, así como en Almería capital. Contaban, además, con ramificaciones en Portugal, Italia, Polonia y Francia, donde residía su líder.
Se la considera responsable de un total de 64 episodios migratorios, atribuyéndoles la introducción de más de 2.000 migrantes, obteniendo unos beneficios superiores a los 24 millones de euros.
En la Operación Salem, conjunta entre Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de EUROPOL y la participación de Policía Nacional de Francia, Policía Judiciaria de Portugal y Policía Nacional de Polonia, han participado más de 180 agentes, logrando detener a 78 personas en España y una en Argelia, incluyendo a los principales cabecillas del entramado, considerados Objetivos de Alto Valor por las autoridades, así como al denominado ‘hawalader’, el encargado de la infraestructura económica.
«Maximizan el negocio»
Como ha explicado para este medio Daniel Ortiz, Inspector del Grupo 14 de UCRIF Central, la banda mantenía relaciones tanto con la Mocro Maffia marroquí como con el crimen organizado de Marsella (Francia), la ‘milieu’.
Además del tráfico de personas, complementaban estos viajes con el tráfico de armas y estupefacientes sintéticos como el MDMA, «muy cotizado en África». Aprovechaban los viajes a España, donde dejaban a los inmigrantes, para abastecerse de drogas que luego, en la vuelta, dejaban en la otra orilla del Mediterráneo. «El crimen organizado ha evolucionado hasta convertirse en algo similar a una empresa», señala Ortiz, «maximizan el negocio».
Llegaban a cobrar hasta 12.000 euros por persona en cada viaje, en los que llegaban a embarcar hasta a 50 inmigrantes, a lo que hay que sumar los beneficios derivados del tráfico de drogas en diversos países Africanos, así como del petaqueo, es decir, el suministro de combustible a las narcolanchas. Se considera que lograron así un beneficio económico superior a los 24 millones de euros.
Estas travesías eran «extremadamente peligrosas» para los inmigrantes, que viajaban «hacinados, a gran velocidad, con un fuerte oleaje, sin iluminación ni chalecos salvavidas», aunque con sistemas de navegación «tecnológicamente avanzados», de acuerdo a fuentes policiales. En ocasiones, llegaban a atar a los viajeros para evitar que cayesen al agua.
Y el recorrido no comenzaba en el Mediterráneo, sino en diferentes países africanos, hasta que lograban llegar a la costa argelina. Una vez allí, muchos se alojaban en infraviviendas que funcionaban como puntos de espera, en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Una estructura compleja basada en la violencia
La estructura estaba dirigida por un «líder absoluto» que, desde Francia, planificaba, coordinaba, supervisaba y financiaba todo el entramado. Aportaba importantes recursos económicos, armamento y estupefacientes y dirigía su distribución en África. El resto de jefes se repartían el poder y área de influencia por el Levante español, de acuerdo a Ortiz.
Disponían de un entramado «complejo, altamente especializado y dotado de importantes recursos económicos». Sus miembros se organizaban en tres niveles. El más alto asumía las responsabilidad de la dirección y el control de las operaciones. El segundo estaba compuesto por pilotos, transportistas y responsables de medios operativos. En la posición más baja se encontraban colaboradores, suministradores, captadores, vigilantes, porteadores, gestores financieros, testaferros y más personal encargado de garantizar la sostenibilidad de la actividad criminal.
A su vez, contaban con embarcaciones de alta velocidad, valoradas entre 300.000 y 400.000 euros cada una, con motores de gran potencia, junto a vehículos de transporte y sistemas de vigilancia y comunicación cifrada con teléfonos satelitales, antenas, dispositivos GPS y una extensa red logística a ambas orillas del mar Mediterráneo.
En la Operación Salem se les han intervenido 18 naves de tres y cuatro motores, con esloras con esloras superiores a los ocho metros y que podían alcanzar hasta los catorce metros de longitud.
Para mantener y defender el entramado, empleaban un «nivel extraordinario de violencia» contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también contra sus propios miembros, a los que mantenían disciplinados bajo amenazas, coacciones y violencia física extrema, que también sufrían los propios migrantes.
Los investigadores detectaron una multitud de casos de represalias, ajustes de cuentas, secuestros, agresiones y amenazas de muerte, que llevaban a cabo miembros de la Mocro Mafia y la ‘milieu’.
Operación Salem
La investigación de la Operación Salem dio comienzo hace casi tres años, en 2023, en nuestra provincia, a raíz de la llegada de un gran número de embarcaciones a sus costas, de la mano de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de Almería, a la que Daniel Ortiz traslada su máximo agradecimiento «por el gran trabajo que han desarrollado durante todo este tiempo».
Durante el desarrollo de la misma se han llevado a cabo 17 registros en inmuebles de Almería, Murcia, Cartagena y Alicante en los que se ha intervenido 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kg de hachís, 500 gr de cocaína, 40 gr metanfetamina, un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, diversa munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales, dispositivos de geolocalización y material altamente especializado. Asimismo, se ha procedido al bloqueo preventivo de bienes vinculados a la organización, incluyendo cuentas corrientes, viviendas y vehículos pertenecientes a varios de sus principales dirigentes.
La investigación ha concluido con la detención de 78 personas en Almería (36), Murcia (13), Alicante (11), Ibiza (6), Cartagena (2), Palma de Mallorca (2), Palencia (2), Huelva (1), Córdoba (1), A Coruña (1), Sevilla (1), Lugo (1) y Argelia (1). Los arrestados pertenecen a todos los escalones de la organización criminal, y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible líquido, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas conexas.
