El propietario de una vivienda de Roquetas de Mar que cortó el agua y la luz a la mujer de 88 años que aún residía en ella ha aceptado una condena por coacciones, evitando así llegar a juicio, de acuerdo a la sentencia a la que ha tenido acceso D-CERCA.
La defensa de V. M. P. G. ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio Fiscal, por lo que el Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Plaza 5) lo ha penado con catorce meses de multa, a razón de una cuota diaria de siete euros, como autor responsable de un delito de coacciones, además del pago de las costas del proceso.
La Fiscalía solicitaba para él un castigo ligeramente más duro, una multa de 21 meses, con la misma cuota.
Morosa, no okupa
La vecina afectada se encontraba en proceso de embargo por impago de la hipoteca.
El domicilio fue subastado y adquirido por un nuevo propietario que, sin esperar a que se produjera el lanzamiento y ejecución del embargo por parte del juzgado correspondiente, pidió de las compañías de luz y agua la interrupción del suministro, cosa que ocurrió a pesar de que la anterior dueña tenía todos los pagos cumplidos y había manifestado su intención de seguir haciéndolo hasta el final de proceso judicial.
Los servicios le fueron restituidos antes del comienzo del juicio por orden del juez Claudio García Vidales.
El propio magistrado ya remarcó en una nota que la anciana no es una ocupante ilegal, “sino la propietaria de una vivienda que, ante una adversa situación económica, ha perdido la titularidad de la misma, estando pendiente de lanzamiento por orden judicial. Es evidente que tiene la obligación de abandonar el inmueble, pero ello no habilita al propietario para actuar de forma unilateral mediante medidas coactivas y no amparadas, en ningún caso, por nuestro ordenamiento”.
Para el juez roquetero, el origen de este conflicto está en la mala utilización entre la población de términos como ‘okupa’, “no es lo mismo quien accede a una vivienda ajena, cambiando a la fuerza su cerradura y sin ninguna relación con ella, que el inquilino que deja de pagar la renta y se ve sometido a un proceso de desahucio”, como tampoco lo es «la anciana que ha perdido la titularidad de una vivienda que era suya por no haber podido hacer frente a su hipoteca y se encuentra pendiente de lanzamiento».
