El miedo es una pésima compañía, pero todavía peor es acostumbrarse a vivir con él.
Si un vecino del Poniente siente que debe cambiar de acera, evitar determinadas zonas o mirar constantemente hacia atrás cuando regresa a casa, las administraciones tienen un problema que atender. Y no sirve esconderlo debajo de la alfombra esperando que desaparezca.
Y no sirve esconderlo debajo de la alfombra esperando que desaparezca.
Cuando se produce una agresión, no hay excusas. Si el responsable es español, extranjero, joven, adulto, rico o pobre resulta secundario ante una cuestión elemental: quien agrede debe responder ante la ley.
Y aquí conviene hablar claro.
Si existen episodios violentos protagonizados por personas inmigrantes, deben contarse como lo que son, sin ocultar información relevante ni maquillar la realidad. Pero de ahí a convertir “inmigrante” en sinónimo de “delincuente” existe un abismo que ninguna sociedad responsable debería cruzar. Porque un delito tiene autor, no etnia.
Un atracador es responsable de un atraco. Un agresor, de una agresión. Un delincuente, de sus delitos. El trabajador marroquí, senegalés, rumano o de cualquier otra procedencia que madruga para ganarse la vida no adquiere ninguna responsabilidad por compartir nacionalidad o condición de extranjero con quien comete un delito.
Pero tampoco podemos caer en el error contrario: pensar que hablar de inseguridad es automáticamente atacar a la inmigración. No lo es.
Los vecinos tienen derecho a preguntar qué está pasando. Tienen derecho a exigir vigilancia, prevención y respuestas policiales. Y tienen derecho a reclamar datos cuando perciben que algo está cambiando en sus calles.
¿Cuántas agresiones se han producido realmente? ¿Han aumentado respecto a años anteriores? ¿Dónde se concentran? ¿Quiénes son sus autores? ¿Qué medidas se están tomando? Que hablen los datos.
Porque cuando las instituciones no ofrecen información suficiente, el vacío lo ocupa el rumor. Después llega el vídeo compartido cientos de veces sin contexto. Después, el mensaje de WhatsApp. Después, la sospecha. Y finalmente aparece la peligrosa conclusión de que miles de personas son responsables de lo que hicieron unas pocas. Ese camino no conduce a más seguridad. Conduce al enfrentamiento.
El Ejido o Roquetas saben demasiado bien lo delicada que puede resultar la convivencia cuando el miedo, la delincuencia y el origen de las personas se mezclan en una misma discusión. Precisamente por eso necesita firmeza y serenidad al mismo tiempo. Firmeza contra quien delinque. Protección para quien cumple la ley. No debería importar el pasaporte.
La inmigración no puede utilizarse como coartada para justificar delitos, pero tampoco los delitos pueden utilizarse como coartada para condenar a toda la inmigración.
El ciudadano que cumple las normas merece vivir tranquilo. El inmigrante que cumple las normas también.
Y quien amenaza, roba o agrede debe encontrarse enfrente a unas instituciones capaces de actuar con rapidez y con todo el peso de la ley.
La convivencia no se protege ocultando los problemas. Se protege afrontándolos. Y la seguridad tampoco se defiende buscando culpables colectivos. Se defiende identificando a los culpables reales.
El Poniente no necesita que le digan que no tenga miedo. Necesita razones para no tenerlo.
